La presidenta Sheinbaum firma un acuerdo histórico con 19 dependencias y el sector privado para priorizar el uso de acero mexicano en todas las obras públicas.
En el marco del Plan México, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 29 de abril un acuerdo histórico para el fomento de la industria siderúrgica nacional. El pacto involucra a 19 instituciones públicas y tres cámaras empresariales, con un objetivo claro: que todo el acero adquirido por el gobierno sea de origen nacional o producido en México.
Ante un entorno comercial adverso —con aranceles de Estados Unidos que golpean al sector y una creciente penetración de importaciones asiáticas—, este acuerdo representa un parteaguas estratégico. No se trata solo de una política de compras públicas, sino de una apuesta estructural por la soberanía productiva.
El contexto: un sector golpeado, un acuerdo necesario
La industria siderúrgica mexicana atraviesa una tormenta perfecta. Por un lado, los aranceles de Estados Unidos han afectado severamente sus exportaciones. Por otro, el avance de las importaciones de acero —principalmente de países sin tratado comercial con México, como China— ha reducido el espacio para la producción local. En 2025, México consumió más de 28 millones de toneladas de acero, pero las siderúrgicas nacionales solo produjeron 14 millones.
El acuerdo firmado este 29 de abril busca revertir esa tendencia. La presidenta Sheinbaum lo resumió con claridad: “Es esencialmente que lo que compra el gobierno con relación al acero, sea acero mexicano o producido en México”.
Tres ejes para transformar el sector
La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, detalló los tres pilares del acuerdo:
Compras públicas. Se coordinarán mesas de trabajo entre instituciones, encuentros de negocio entre compradores públicos y empresas siderúrgicas, y se crearán incentivos para promover el contenido nacional y la sostenibilidad.
Política industrial. Incluye la defensa frente a prácticas desleales de comercio, la promoción de proveedores mexicanos y una estrategia de sustitución de importaciones.
Financiamiento. Se otorgarán incentivos para que los proyectos de infraestructura prioricen el acero mexicano.
El sector privado, por su parte, asumió compromisos claros: garantizar calidad, asegurar abasto y entregas oportunas, ofrecer precios competitivos e impulsar el acero nacional en infraestructura pública.
Impacto económico y social: empleos e inversiones
El presidente de Canacero, Sergio de la Maza, calificó el acuerdo como un paso decisivo para el país. Resaltó su importancia para respaldar los 90 mil empleos directos e indirectos del sector y dar certidumbre a inversiones en curso por más de 8 mil millones de dólares.
El secretario de Infraestructura, Jesús Antonio Esteva, detalló las cifras que dan sustento al pacto: solo en 2026, el gobierno requerirá 150 mil toneladas de acero de refuerzo y 50 mil toneladas de acero estructural para carreteras, puentes y escuelas. A lo largo del sexenio, la construcción de trenes de pasajeros demandará más de un millón de toneladas. Esta demanda pública se convierte así en el principal motor para activar la capacidad productiva nacional.
Oportunidades estratégicas: nearshoring y acero sofisticado
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, enfatizó que el acuerdo va más allá de las compras gubernamentales. “México importe menos y produzca más” es el objetivo central. En un contexto de relocalización de cadenas productivas en Norteamérica, Ebrard vinculó la estrategia con la oportunidad de posicionar a México como proveedor de manufactura avanzada para sectores estratégicos de Estados Unidos, como semiconductores, farmacéutica y dispositivos médicos.
Las empresas del sector están respondiendo con inversiones concretas. Ternium impulsa una expansión por 4 mil millones de dólares en su planta de Pesquería, Nuevo León, para producir aceros especializados de alto valor agregado para la industria automotriz. Paralelamente, el gobierno impuso aranceles al acero proveniente de países sin tratado comercial, limitando la importación por la vía arancelaria.
El Plan México está poniendo en marcha una política industrial clara: utilizar el poder de compra del Estado para fortalecer capacidades productivas nacionales. Este acuerdo con la industria siderúrgica no es un gesto simbólico; es una herramienta concreta para sustituir importaciones, defender empleos y construir soberanía productiva.
El verdadero reto estará en la implementación. Que el acero mexicano sea competitivo en precio y calidad es indispensable. También lo es garantizar que los incentivos a la producción nacional no deriven en prácticas monopólicas o ineficiencias.
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