Recuperación del poder adquisitivo, jornada de 40 horas y nuevas protecciones para trabajadores de plataformas digitales.
En mayo de 2026, la Secretaría del Trabajo presentó el informe “Memoria para la Justicia y Dignidad del Mundo del Trabajo en México”. El documento evalúa una década de transformaciones estructurales en el mercado laboral nacional. Los datos muestran avances significativos en salario mínimo, formalización del empleo y ampliación de derechos. También se identifican retos persistentes como la informalidad y la desigualdad regional. Este análisis estratégico revisa los principales indicadores y sus implicaciones para el desarrollo con prosperidad compartida.
Aumento salarial y recuperación del poder de compra
El salario mínimo general pasó de 88.36 pesos diarios en 2018 a 315.04 pesos en 2026. Este incremento acumulado permitió una recuperación del poder adquisitivo del 154 por ciento. Durante el periodo previo a 2018, la pérdida había sido del 77 por ciento.
Los efectos en la canasta básica son notorios. En 2018, un salario mínimo alcanzaba para 0.78 canastas básicas. Para marzo de 2026, alcanza para 1.91 canastas. Esto implica un desahogo real para millones de hogares.
Sin embargo, persisten diferencias regionales y presiones inflacionarias en alimentos. La política salarial debe complementarse con medidas de productividad y contención de precios.
Formalización y reparto de utilidades con cifras récord
La subcontratación abusiva fue restringida mediante reformas legales. Más de 3 millones de trabajadores fueron reconocidos por sus empleadores reales. El reparto de utilidades (PTU) pasó de un promedio anual de 87 mil millones de pesos a 259 mil millones en 2025. Esto representa un aumento acumulado del 150 por ciento.
La tasa de desocupación nacional bajó del 3.7 por ciento en 2018 al 2.4 por ciento en 2026. En contraste, entre 2006 y 2012 la desocupación había aumentado del 3.8 al 5.0 por ciento.
Estos indicadores reflejan una mayor dinámica formal del empleo. No obstante, la calidad del empleo y la cobertura de seguridad social aún requieren esfuerzos adicionales.
Pensiones y seguridad social: avances con brechas pendientes
Antes de las reformas recientes, el 76 por ciento de los trabajadores no contaba con pensión. Solo el 7 por ciento lograba una pensión vitalicia. Con la reforma de 2020, se benefició directamente a 101,345 personas en un primer año.
El sistema universal de salud es otro pilar. Actualmente cualquier persona puede recibir atención médica independientemente de su derechohabiencia. Esto reduce la segmentación histórica del sistema.
Aun así, la cobertura efectiva en zonas rurales y la suficiencia de las pensiones contributivas son asignaturas pendientes. El envejecimiento poblacional exige una visión de largo plazo.
Plataformas digitales y jornada de 40 horas
En cumplimiento del compromiso 59 del Plan México, al menos 1.3 millones de conductores y repartidores han sido beneficiados. De ellos, 155,520 cuentan con seguridad social completa. Este es un primer paso para regular la economía de plataformas.
Por otro lado, después de más de 100 años, la jornada laboral se reduce de 48 a 40 horas semanales. La medida beneficiará a cerca de 14 millones de personas trabajadoras. El impacto en productividad y bienestar familiar será monitoreado en los próximos años.
Retos estructurales y oportunidades estratégicas
El campo mexicano también ha recibido atención. El Certificado Laboral de Agroexportación garantiza seguridad social y salarios justos. El Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín concentra servicios federales para mejorar condiciones de vida.
El programa de vivienda para el bienestar prevé 1.8 millones de unidades para quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos. La igualdad sustantiva se impulsa con más oportunidades para mujeres.
Sin embargo, la informalidad laboral sigue siendo alta (cerca del 55 % según estimaciones previas). La inspección del trabajo y la justicia laboral requieren fortalecerse. El desafío es consolidar un modelo que combine crecimiento económico, productividad y derechos plenos.
Cierre editorial
La década 2018-2026 ha mostrado que es posible revertir tendencias adversas en el mercado laboral mexicano. Los datos presentados evidencian avances reales, pero también señalan la necesidad de profundizar reformas. El camino hacia la prosperidad compartida exige mantener el rumbo en formalización, salarios dignos y protección social. Las instituciones y los actores productivos deben trabajar en una agenda de segunda generación: vincular salario con productividad, cerrar brechas de género y preparar el sistema de pensiones para el futuro. La justicia laboral no es un destino, sino una construcción continua.
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