El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone limitar exenciones a quienes organicen el evento; llama a evitar privilegios desproporcionados y respetar propiedad intelectual.
Tras el arranque del Mundial 2026, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar exhortó al gobierno federal a revisar con cuidado el esquema de beneficios fiscales, permisos y exenciones vinculados al torneo. Señaló que no puede permitirse que la inversión en infraestructura, vialidades y movilidad —financiada con recursos públicos— quede socializada mientras las ganancias se concentran en grandes corporaciones. Propuso acotar estrictamente las exenciones fiscales a quienes participen directamente en la organización del evento. También advirtió que la transmisión comercial de partidos en negocios debe sujetarse a la normativa de propiedad intelectual, evitando tanto la piratería como un esquema que limite el disfrute colectivo del deporte.
Exenciones fiscales: justicia social y recaudación responsable
Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue enfático: “Si el pueblo mexicano contribuye con sus impuestos a la preparación del evento, el beneficio no puede reservarse únicamente para la FIFA, sus patrocinadores y grandes operadores”. En este sentido, propuso delimitar con precisión a quiénes aplican las facilidades fiscales, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo, para evitar que se conviertan en privilegios desproporcionados o en cargas adicionales para pequeños comercios y consumidores.
El diputado recordó que la organización del Mundial 2026 ha implicado una inversión millonaria en obras de infraestructura, adecuaciones urbanas y seguridad. Su postura es que cualquier beneficio tributario debe estar vinculado directamente con la organización del evento y no extenderse a sectores ajenos a la logística o promoción oficial.
Propiedad intelectual: equilibrio entre derechos y acceso popular
Otro de los ejes de la propuesta legislativa es la protección de la propiedad intelectual sin caer en un modelo excluyente. Ramírez Cuéllar reconoció que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debe verificar el uso comercial de la señal, las transmisiones públicas y la utilización de marcas, símbolos, logotipos y frases protegidas vinculadas con la Copa Mundial. Sin embargo, advirtió que el esquema actual no puede trasladar de manera desproporcionada los beneficios a la organización internacional mientras limita el acceso de pequeños comercios y de la población al disfrute colectivo del Mundial.
“No se trata de ignorar la ley ni de relajar las verificaciones del IMPI; se trata de revisar un esquema que concentra las ganancias y encarece la participación de los negocios locales, convirtiendo un evento que debería ser popular en un negocio altamente privatizado”, señaló.
La postura de legisladores de Morena
A la postura de Ramírez Cuéllar se sumaron otros legisladores y legisladoras de Morena. Coincidieron en que el esquema de beneficios debe revisarse con responsabilidad para asegurar que responda al interés nacional y no derive en tratamientos excepcionales ajenos a la legalidad tributaria. Señalaron que cualquier disposición de esta naturaleza debe estar claramente acotada, debidamente justificada y vinculada con la organización directa del evento.
Asimismo, insistieron en que la discusión no debe centrarse en retirar medidas de control para los negocios, sino en evitar que el esquema de derechos y permisos diseñado por la FIFA termine por privatizar un evento de interés público y de alcance social mucho mayor.
El contexto de los acuerdos FIFA y la experiencia internacional
Los organizadores de la Copa Mundial de 2026 —coanfitriones México, Estados Unidos y Canadá— han firmado acuerdos con la FIFA que incluyen compromisos de exención de impuestos, facilidades aduaneras y protección de marcas. Estos acuerdos son comunes en eventos de esta magnitud y buscan atraer la inversión del organismo rector del futbol mundial. Sin embargo, la experiencia de pasadas ediciones ha mostrado que los beneficios fiscales tienden a ser muy amplios, generando críticas por parte de sectores que consideran que la población local no obtiene una compensación justa.
México ya tuvo antecedentes de revisión legislativa durante la organización del Mundial 1970 y 1986, pero el tamaño y la complejidad del evento de 2026 —con 48 selecciones y 104 partidos— hacen más relevante el debate actual.
Implicaciones para la recaudación y los pequeños negocios
El llamado de Ramírez Cuéllar tiene consecuencias prácticas. Por un lado, busca proteger la recaudación fiscal al evitar que empresas no vinculadas directamente con la organización del Mundial aprovechen exenciones injustificadas. Por otro lado, plantea un equilibrio: los pequeños negocios (restaurantes, bares, tiendas de conveniencia) deben pagar las licencias correspondientes para transmitir partidos, pero el costo de dichas licencias no debe ser prohibitivo ni diseñado exclusivamente para grandes cadenas.
El diputado subrayó que el interés público exige evitar privilegios amplios, proteger la recaudación y garantizar reglas claras para establecimientos y contribuyentes. “México necesita eventos de gran escala, sí, pero con reglas firmes, instituciones sólidas y una visión en la que el crecimiento se traduzca en bienestar y no en privilegios”, concluyó.
Cierre editorial
La postura del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar abre un debate necesario: ¿Cómo se equilibra la atracción de eventos globales con la protección del interés público y la justicia fiscal? El Mundial 2026 es una oportunidad única para mostrar a México ante el mundo, pero también debe ser una ocasión para que los beneficios económicos lleguen a las comunidades locales y no solo a las grandes corporaciones.
Limitar las exenciones fiscales a los actores directamente involucrados en la organización y garantizar que los pequeños comercios puedan participar sin costos excesivos es una ruta sensata. La propiedad intelectual debe respetarse, pero el esquema de derechos no puede ser una barrera que convierta un evento popular en un negocio exclusivo. México está a tiempo de ajustar las reglas para que la fiesta del futbol también sea una fiesta de legalidad, equidad y prosperidad compartida.
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