La presidenta anunció que después del 19 de julio iniciará una discusión pública sobre inteligencia artificial, uso de celulares en escuelas y contenidos en plataformas digitales, sin llegar a la censura.
México se prepara para abrir una discusión que varias democracias llevan años intentando resolver sin éxito. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 30 de junio que una vez que concluya el Mundial el próximo 19 de julio, el gobierno federal promoverá una discusión pública en torno a la Inteligencia Artificial y las plataformas en redes sociales, para tratar de regular su funcionamiento sin que ello implique cualquier sesgo de censura. El anuncio plantea tres frentes simultáneos: la IA en general, el uso de celulares en escuelas y los contenidos en redes sociales.
El diagnóstico: beneficios reales y abusos documentados
La postura de la presidenta parte de un reconocimiento doble. Ante el desarrollo de la inteligencia artificial, señaló que es necesario reflexionar sobre la forma de regular, porque sin duda hay usos benéficos, pero también hay preocupación por los abusos que pueda traer. Por eso se está contactando a personas para iniciar la discusión, tratando de revisar cuál ha sido la experiencia en otros países.
No se trata de una postura tecnofóbica. La trayectoria de Sheinbaum como científica la sitúa favorablemente hacia la innovación. Lo que el gobierno identifica como problema es la ausencia de un marco regulatorio que distinga usos benéficos de prácticas abusivas, proteja a los grupos más vulnerables —especialmente menores— y establezca responsabilidades claras para las plataformas que operan en México.
Tres frentes de la discusión
1. Inteligencia artificial en sentido amplio. México no tiene aún una ley específica de IA. El vacío normativo abarca reconocimiento facial, generación de contenido sintético, sesgo algorítmico y uso de datos personales para entrenamiento de modelos. La discusión podría derivar en una iniciativa legislativa o en lineamientos de política pública para el sector público.
2. Uso de celulares en escuelas. La presidenta señaló que es necesario revisar la adicción que los teléfonos han generado en la infancia y adolescencia, y buscar alternativas de regulación. Este frente tiene precedentes internacionales: Francia prohibió los celulares en escuelas desde 2018; España, Italia y el Reino Unido han adoptado restricciones similares. La evidencia científica sobre impacto cognitivo y salud mental en menores respalda políticas restrictivas.
3. Control de contenidos en redes sociales. La presidenta fue directa: hay contenidos de abusos sexuales que se difunden en estas plataformas “y eso no puede ser.” También planteó revisar quién controla esta forma de comunicación y cómo regular sus contenidos. Este frente es el más complejo por la tensión con la libertad de expresión.
El desafío técnico: la experiencia internacional
La referencia a revisar la experiencia de otros países es pertinente porque el mapa regulatorio global es heterogéneo. La Unión Europea aprobó en 2024 el AI Act —el primero del mundo— con clasificación de riesgos y el Digital Services Act, que obliga a las plataformas a auditar algoritmos y eliminar contenidos ilegales. Estados Unidos no tiene regulación federal de IA. China aplica control estatal sobre los algoritmos.
México deberá decidir qué modelo se acerca más a sus valores constitucionales —libertad de expresión, protección de datos, soberanía digital— y a sus capacidades institucionales reales. El IFT, el INAI, la SEP y la Secretaría de Economía tendrían roles en cualquier arquitectura regulatoria.
La tensión inevitable: regular sin censurar
El propio anuncio presidencial reconoce la tensión central del debate. El gobierno promoverá la discusión sin que implique censura. Pero esa distinción es más fácil de enunciar que de operacionalizar. ¿Quién decide qué contenido es “abusivo”? ¿Qué mecanismo garantiza que la regulación no se convierta en control político? ¿Cómo se aplica una regulación nacional a plataformas que operan globalmente desde jurisdicciones extranjeras?
El caso de la entrevista apócrifa de Monsiváis en El Universal —en el centro de la agenda pública este mismo día— ilustra el problema: la desinformación amplificada en redes tiene impacto político real. Regularlo requiere criterios objetivos, independientes del poder político del momento.
El contexto global: una discusión que ya no puede postergarse
En 2026, los principales sistemas de IA generativa producen textos, imágenes, audio y video indistinguibles de contenido real. Los deepfakes, la desinformación automatizada y la manipulación algorítmica son fenómenos ya documentados en procesos electorales de múltiples países. México no es inmune a ninguno de ellos.
El ciclo que vivió este mes —publicación de contenido apócrifo, viralización masiva, daño a la imagen pública, rectificación tardía— es exactamente el tipo de problema que una regulación efectiva debería poder interrumpir. La discusión que anuncia Sheinbaum llega en el momento correcto.
Cierre editorial
El anuncio de la presidenta Sheinbaum es un primer paso necesario. Reconoce el problema, establece el momento del inicio y anuncia que se basará en la experiencia comparada. Son señales positivas de seriedad en el planteamiento.
Lo que viene después es lo difícil: construir consensos entre gobierno, sociedad civil, academia, sector tecnológico y plataformas; diseñar un marco que proteja sin censurar; y construir capacidades institucionales para hacer cumplir lo que se legisle. México tiene la oportunidad de posicionarse como referente regional en regulación tecnológica responsable. Aprovecharlo requiere rigor técnico, independencia política y una política de Estado de largo plazo, no solo una discusión iniciada en agosto.
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