Alfonso Ramírez Cuéllar afirma que el gobernador de Nuevo León solo ganó tiempo, no una exoneración, en el juicio político por presunto desvío de recursos.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) afirmó que la suspensión provisional concedida por la ministra María Estela Ríos al gobernador de Nuevo León, Samuel García[1], no representa una absolución ni desvirtúa las acusaciones en su contra[2]. El legislador recordó que la Comisión Anticorrupción del Congreso local inició un procedimiento de juicio político por presuntos actos de corrupción y triangulación de recursos públicos[3], relacionados con la asignación de alrededor de mil millones de pesos a empresas vinculadas con el entorno del mandatario[4]. “Samuel García no ha ganado la razón jurídica; únicamente ha ganado tiempo”, sostuvo Ramírez Cuéllar.
Una suspensión que protege, pero no exonera
El legislador señaló que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) únicamente impide, de manera provisional, que puedan ejecutarse los efectos de una eventual destitución o inhabilitación[5]. Sin embargo, no declara ilegal el procedimiento del Congreso, no invalida las acusaciones y, mucho menos, exonera al gobernador. “La suspensión le otorga un blindaje político temporal frente a las consecuencias del juicio político, pero no resuelve el fondo del asunto”, enfatizó.
Ramírez Cuéllar cuestionó el argumento de que la suspensión sea necesaria para preservar la gobernabilidad de Nuevo León[6]. Afirmó que dicha postura desconoce la fortaleza institucional del estado y transmite un mensaje equivocado sobre el funcionamiento de la democracia. “La estabilidad de Nuevo León no depende de la permanencia de una sola persona. El estado cuenta con instituciones, una Constitución, un Congreso, un Poder Judicial y mecanismos legales para garantizar la continuidad del gobierno”, señaló.
El amparo que frena el juicio político
De manera paralela, una jueza federal concedió un amparo para impedir que el Congreso local vote de manera definitiva el juicio político mientras se resuelve el fondo del litigio, lo que podría prolongar el procedimiento durante varios meses. El diputado consideró que el debido proceso ya garantiza plenamente los derechos de defensa del gobernador, quien puede conocer las acusaciones, ofrecer pruebas, presentar argumentos y acudir a los medios constitucionales correspondientes. Sin embargo, advirtió que ello no debe convertirse en un mecanismo para neutralizar anticipadamente las consecuencias que pudieran derivarse de una investigación en curso.
“También existe un daño potencialmente irreparable para la sociedad cuando un servidor público señalado por posibles faltas graves permanece en funciones mientras las instituciones ven suspendida su capacidad para hacer efectivas las responsabilidades que correspondan. La ciudadanía también tiene derecho a una justicia pronta y efectiva”, enfatizó.
Rendición de cuentas frente a privilegios
Ramírez Cuéllar sostuvo que ningún gobernante puede utilizar el mandato popular como un escudo frente a la fiscalización de los recursos públicos. “La gubernatura no es un privilegio de inmunidad. Haber sido electo democráticamente obliga a rendir cuentas con mayor transparencia y responsabilidad. Cuando existen señalamientos sobre el posible uso indebido de recursos públicos, la respuesta debe ser abrir la información, transparentar los contratos y permitir que las autoridades concluyan su trabajo”, afirmó.
Finalmente, hizo un llamado para que el Congreso de Nuevo León continúe el procedimiento de juicio político sin dilaciones[7], se transparenten los contratos y operaciones bajo investigación y tanto la Suprema Corte como el Poder Judicial Federal resuelvan el fondo del asunto con la mayor celeridad posible. “No confundamos estabilidad institucional con protección personal. Samuel García no ha sido exonerado; únicamente fue protegido de manera provisional. La rendición de cuentas no puede quedar suspendida indefinidamente y la sociedad de Nuevo León merece conocer la verdad y que las instituciones actúen sin privilegios ni impunidad”, concluyó.
Cierre editorial
La suspensión provisional concedida a Samuel García por la ministra Estela Ríos es un revés para el proceso de rendición de cuentas en Nuevo León[8]. Sin embargo, como lo señala Alfonso Ramírez Cuéllar, esta medida no equivale a una exoneración, sino a un aplazamiento que protege al gobernador de manera temporal. La ciudadanía y las instituciones deben mantener la presión para que el juicio político avance y se esclarezca el presunto desvío de recursos públicos. La democracia no se fortalece con blindajes políticos, sino con transparencia, legalidad y justicia pronta. El caso de Samuel García es una prueba de fuego para el sistema de pesos y contrapesos en México.
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