El Congreso local aprobó por unanimidad la Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible, iniciativa del diputado Alfredo Álvarez Ramírez, producto de un amplio proceso participativo.
El Congreso del Estado de Colima aprobó por unanimidad, con 22 votos a favor y cero en contra, la Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible, convirtiendo a la entidad en la primera del país en armonizar plenamente su marco jurídico local con la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, vigente desde abril de 2024. La iniciativa, presentada por el diputado Alfredo Álvarez Ramírez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, contiene 121 artículos distribuidos en 9 Títulos y reglamenta el derecho a la alimentación con fundamento en los artículos 4°, 27 y 73 de la Constitución federal. La ley prioriza su interdependencia con el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua y al interés superior de la niñez.
Un proceso participativo que sentó las bases
La ley es resultado de un amplio proceso de consulta y socialización que incluyó cinco foros realizados en distintos municipios de Colima. El primero, impulsado en Manzanillo por la entonces presidenta municipal Rosi Bayardo; otro en Cuauhtémoc; uno más con productoras y productores agrícolas y representantes del Sistema Producto; otro en Comala en colaboración con la Universidad Intercultural de Colima; y un último foro con las cámaras de comercio del estado.
En la construcción técnica participaron instituciones y personas clave, como la senadora Ana Lilia Rivera Rivera; el secretario de Salud, Víctor Manuel Torres Enríquez; el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas; el procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera; la rectora de la Universidad Intercultural de Colima, Catalina Suárez Dávila; y la presidenta municipal de Cuauhtémoc, Lupita Solís. También aportaron equipos técnicos de la Secretaría de Salud, investigadores del CECIHTI y del CIAD Colima, y organizaciones de la sociedad civil como el Frente Parlamentario contra el Hambre, la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y Alianza Alimentaria.
Los datos que impulsaron la decisión
La exposición de motivos citó datos alarmantes: entre 2018 y 2020, el 22.6% de los hogares mexicanos vivió con inseguridad alimentaria moderada o severa, mientras que solo el 28% de la población consumía verduras a diario frente a un 85% que consumía bebidas azucaradas de forma cotidiana. Frente a este panorama, Colima decidió no esperar más y actuar con una legislación propia que atienda las causas estructurales de la mala alimentación y la inseguridad alimentaria.
La voz del legislador
“Esto no fue un trámite, fue una decisión. Colima no tenía por qué esperar a que alguien más diera el primer paso. Hoy el derecho a comer bien dejó de ser un privilegio para convertirse en una obligación del Estado”, señaló el diputado Alfredo Álvarez Ramírez tras la aprobación. Sus palabras reflejan el espíritu de una iniciativa que busca transformar la realidad alimentaria de la entidad desde el marco legal.
Colima a la vanguardia nacional
Con esta aprobación, Colima se suma a la Ley para la Promoción y Desarrollo Agroecológico ya vigente en la entidad, y se posiciona como referente nacional en la construcción de políticas públicas orientadas a garantizar la soberanía alimentaria y la salud de sus habitantes. La ley no solo regula el derecho a la alimentación, sino que lo articula con el derecho a un medio ambiente sano, al agua y al interés superior de la niñez, en un enfoque integral que reconoce la interdependencia de estos derechos.
Cierre editorial
La aprobación de la Ley para la Alimentación Adecuada y Sostenible en Colima es un hito legislativo que trasciende las fronteras de la entidad. Por primera vez, un estado mexicano armoniza plenamente su marco jurídico local con la ley general, estableciendo un precedente que otros congresos locales podrían seguir. La ley, producto de un proceso participativo amplio y técnicamente sólido, no solo reconoce el derecho a la alimentación, sino que lo vincula con la salud, el medio ambiente y la niñez. Colima demuestra que es posible construir políticas públicas con visión de futuro cuando existe voluntad política y diálogo con la sociedad. El desafío ahora es la implementación efectiva, que requerirá presupuesto, coordinación institucional y seguimiento ciudadano.
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