El diputado anunció una reforma constitucional para suprimir la inmunidad procesal penal de legisladores y gobernadores. Señaló que el juicio político debe tener consecuencias efectivas y no ser un “blindaje temporal”.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) anunció la presentación de una reforma constitucional para eliminar el fuero y garantizar que el juicio político tenga consecuencias efectivas. La propuesta, que forma parte de una nueva agenda de regeneración nacional, busca suprimir la inmunidad procesal penal de legisladores federales, locales y gobernadores, distinguiéndola de la inviolabilidad parlamentaria que protege las opiniones y votos[1]. El legislador subrayó que las controversias constitucionales no deben usarse para paralizar la investigación y resolución de los juicios políticos, como ocurre actualmente con la suspensión concedida al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación mientras la Corte resuelve el fondo del asunto[2][3].
Fuero e inmunidad: dos figuras que deben separarse
Ramírez Cuéllar explicó que su iniciativa distingue claramente entre la inviolabilidad parlamentaria —que protege las opiniones y votos de los legisladores— y la inmunidad procesal penal, que comúnmente se agrupa bajo el concepto genérico de “fuero”. “La inviolabilidad parlamentaria se debe proteger a toda costa, pero la inmunidad procesal penal es un privilegio usado tramposamente que se debe terminar”, afirmó[4][5]. La propuesta, que se ha trabajado desde 2020, busca modificar el Artículo 111 de la Constitución para garantizar que nadie esté por encima de la ley cuando se trate de acciones de carácter penal[6]. El diputado subrayó que la eliminación del fuero no implica desconocer el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho de defensa, sino que la protección frente a acusaciones infundadas debe garantizarse mediante las reglas ordinarias del proceso penal y no depender de una decisión previa adoptada por mayorías políticas, como ocurre actualmente con la declaración de procedencia[7].
El caso de Samuel García: un blindaje temporal que cuestiona el juicio político
La discusión adquirió relevancia a partir de la suspensión provisional concedida por la ministra María Estela Ríos dentro de la controversia constitucional 386/2026, promovida por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, en relación con el juicio político seguido en su contra por el Congreso local[8][9]. La resolución permite que el Congreso continúe con el procedimiento, pero impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación mientras la Suprema Corte resuelve el fondo del asunto[10]. Aunque la Corte todavía no ha emitido una determinación definitiva, las consecuencias más importantes del juicio político quedaron suspendidas anticipadamente.
Ramírez Cuéllar consideró que esta decisión merece una crítica firme, porque representa un precedente que concede a las y los gobernadores un blindaje temporal frente a las posibles consecuencias del procedimiento de juicio político y corre el riesgo de convertir la justicia constitucional en un mecanismo de protección que se prolongue hasta el final de un mandato[11]. El legislador señaló que este objetivo exige revisar los alcances de las resoluciones jurisdiccionales que pueden impedir la aplicación efectiva de las sanciones derivadas de un juicio político.
La tesis LI/2005 y la necesidad de superar criterios obsoletos
Ramírez Cuéllar se refirió a la tesis LI/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que distingue entre dos momentos del juicio político: la sustanciación del procedimiento y la ejecución de sus efectos y consecuencias. De acuerdo con ese criterio, una suspensión concedida dentro de una controversia constitucional no puede detener la investigación, tramitación o resolución del juicio político, pero permite suspender sus efectos y consecuencias, de modo que una eventual destitución o inhabilitación no pueda ejecutarse hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de la controversia[12]. El diputado indicó que esta distinción de tipo procesal puede producir un problema de enorme trascendencia democrática: que el juicio político continúe formalmente, pero su resultado quede materialmente desactivado. “Si el procedimiento puede desarrollarse, pero las sanciones que constituyen su razón de ser no pueden ejecutarse, corremos el riesgo de conservar solamente la apariencia del juicio político”, sostuvo.
Una reforma con respaldo ciudadano y críticas de la oposición
Ramírez Cuéllar anunció el inicio de una campaña nacional de recolección de firmas para respaldar la iniciativa, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado 26 de marzo y se encuentra en proceso de programación para su discusión[13]. El legislador hizo un llamado a los distintos grupos parlamentarios a respaldar la reforma y construir un consenso amplio, recordando que incluso figuras del Partido Acción Nacional han expresado coincidencias con la propuesta[14]. No obstante, la iniciativa ha enfrentado resistencias. En febrero de 2026, legisladores del PVEM, PRI y PAN anticiparon votos en contra por el alcance de la propuesta[15]. Ramírez Cuéllar enfatizó que la eliminación del fuero es una demanda ciudadana inaplazable que fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas en la política mexicana[16].
🔗 Recursos externos de interés:
- Comunicación Social de la Cámara de Diputados – Iniciativa
- Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
Cierre editorial
La iniciativa de Alfonso Ramírez Cuéllar para eliminar el fuero y reformar el juicio político es un paso necesario para profundizar la regeneración nacional. La distinción entre inviolabilidad parlamentaria e inmunidad procesal penal es clave para que los legisladores puedan ejercer su función sin temor a represalias, pero sin que ello se convierta en un escudo de impunidad. El caso de Samuel García en Nuevo León evidencia la urgencia de revisar criterios como la tesis LI/2005, que permiten que las sanciones del juicio político queden suspendidas durante meses o años, desactivando su efectividad. México necesita reglas claras que garanticen que ninguna investidura coloque a una persona por encima de la ley. La eliminación del fuero y la certeza de que el juicio político tenga consecuencias oportunas son pilares para recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y en la democracia.
OXÍGENO PURO MX | oxigenopuro.com.mx | Periodismo con enfoque en desarrollo y prosperidad compartida.