UIF bloquea 24 mil cuentas y recupera 5.8 mdd de Weinberg

La Unidad de Inteligencia Financiera reporta el aseguramiento de 8 mil 670 millones de pesos y una sentencia favorable en Florida contra la familia Weinberg por el caso García Luna.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó los resultados de su estrategia entre octubre de 2024 y agosto de 2026, periodo en el que ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos. De estas, 7 mil 861 cuentas, es decir, una de cada tres, están vinculadas directamente con organizaciones criminales. Además, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se congelaron mil 443 cuentas relacionadas con este delito. En el frente internacional, la UIF logró una sentencia condenatoria en Florida contra la familia Weinberg por 578.5 millones de dólares, de los cuales ya se recuperaron 5.8 millones de dólares que serán destinados a escuelas en la montaña de Guerrero.

Cifras históricas en el combate al lavado de dinero

El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, informó durante la conferencia matutina que el número de cuentas bloqueadas ha tenido un incremento significativo en 2026: 17 mil 496 cuentas fueron inmovilizadas entre enero y agosto, frente a 6 mil 942 en todo 2025 y apenas 184 en el periodo de 2024. El monto de recursos asegurados también creció, pasando de 3 mil 734 millones de pesos en 2025 a 4 mil 934 millones en lo que va de 2026. Además, la UIF incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), lo que les impide utilizar el sistema financiero mexicano.

El caso Weinberg: una sentencia de 578.5 millones de dólares

La UIF presentó una demanda civil el 23 de diciembre de 2019 ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial en Miami-Dade, Florida, para recuperar activos desviados por la familia Weinberg en el marco del caso Genaro García Luna. El 19 de mayo de 2026 se emitió una sentencia condenatoria favorable al Estado mexicano contra integrantes de la familia Weinberg por su participación en el esquema de contrataciones públicas vinculado a García Luna. La resolución contempla un monto aproximado de 578.5 millones de dólares.

Recuperación de activos y destino de los recursos

El 25 de agosto de 2026, el Estado mexicano recibió recursos por la liquidación de una póliza de fianza y 12 propiedades ubicadas en Florida, pertenecientes a la familia Weinberg. La recuperación directa ascendió a 5 millones 805 mil 693 dólares (aproximadamente 100 millones de pesos). La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que estos fondos serán destinados a la infraestructura de escuelas públicas en la montaña de Guerrero. La UIF precisó que el esquema de desvío, detectado entre 2008 y 2018, supera los 727 millones de dólares y 528 millones de pesos mediante contratos simulados con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Coordinación institucional y fortalecimiento de capacidades

La UIF destacó que estos resultados han sido posibles gracias a la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad, que incluye a SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional, SSPC, FGR, AIC y CNI. También se ha fortalecido la interacción con la Asociación de Bancos de México (ABM) y el intercambio de inteligencia vía el Grupo Egmont, FinCEN y OFAC. El funcionario subrayó que estas acciones debilitan la estructura económica de las organizaciones criminales, impiden el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecen la coordinación institucional.

Los resultados presentados por la UIF evidencian un combate frontal contra las finanzas del crimen organizado y la corrupción. El aseguramiento de 24 mil cuentas y la recuperación de activos en el caso Weinberg-García Luna no solo representan un golpe a estructuras delictivas, sino también un acto de justicia restaurativa al destinar los recursos a comunidades vulnerables. La estrategia de inteligencia financiera, basada en la coordinación institucional y el fortalecimiento de capacidades, se consolida como una herramienta fundamental para garantizar que el dinero de los mexicanos no sea utilizado para financiar la impunidad y el crimen.


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