La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantienen acciones permanentes de supervisión, inspección y seguimiento ambiental en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, donde opera una planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). La dependencia reiteró su compromiso con la protección de los ecosistemas costeros y el diálogo con las comunidades indígenas Mayo-Yoreme de la región.

Antecedentes del proyecto en Bahía de Ohuira

El proyecto denominado Planta de Amoniaco de 2200 TMPD en Topolobampo, Sinaloa, fue autorizado originalmente en materia de impacto ambiental durante administraciones federales anteriores en 2014 y recibió una ampliación de plazo en 2018. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2021 que debía realizarse una consulta a las comunidades indígenas involucradas.

En cumplimiento de dicha resolución, la Semarnat dejó sin efectos las autorizaciones anteriores y llevó a cabo entre mayo y septiembre de 2022 el proceso de consulta indígena previa, libre e informada con comunidades Mayo-Yoreme de la región. Como resultado, el 19 de septiembre de 2022 la autoridad ambiental emitió una nueva autorización, condicionada al cumplimiento de diversas medidas ambientales.

Consulta indígena: 2,400 participantes y 11 comunidades a favor

El proceso de consulta incluyó 13 Asambleas Generales Comunitarias y la participación de más de 2,400 integrantes del pueblo indígena Mayo-Yoreme. Participaron 15 comunidades identificadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) dentro del área de influencia del proyecto.

Once de las comunidades consultadas manifestaron su consentimiento al proyecto, entre ellas San Miguel Zapotitlán, La Florida, Vallejo, Carrizo Grande, 5 de Mayo, El Colorado, San Isidro, Mochicahui, Charay, Salsipuedes y Cerro Cabezón. Las principales expresiones de oposición provinieron de tres comunidades Mayo-Yoreme asentadas en la Bahía de Ohuira: Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones.

Posteriormente, en noviembre de 2022 y febrero de 2023, juzgados federales determinaron que la autoridad ambiental cumplió con la sentencia de la SCJN; además, en agosto de 2024 y abril de 2025, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Segundo Circuito declaró infundados recursos promovidos contra el proceso de consulta.

Supervisión ambiental y atención a comunidades

Desde 2015, la Profepa ha recibido diversas denuncias relacionadas con el proyecto y ha realizado inspecciones y procedimientos administrativos en materias de impacto ambiental, cambio de uso de suelo, vida silvestre y Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat). Actualmente mantiene procedimientos administrativos abiertos y continúa realizando acciones de inspección y vigilancia.

La Semarnat, la Profepa y el INPI han sostenido reuniones con comunidades Mayo-Yoreme, pescadores y cooperativas de la región para escuchar planteamientos, recibir denuncias y dar seguimiento a preocupaciones sociales y ambientales. El 12 de agosto de 2025, una delegación realizó un recorrido en la Bahía de Ohuira junto con integrantes de las comunidades de Paredones, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos.

El 28 de mayo de 2026, la titular de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios de la Semarnat, Josefina Bravo Rangel, sostuvo una reunión con representantes de comunidades de la Bahía de Ohuira para escuchar sus inquietudes sobre el proyecto.

CONAPESCA: permisos de pesca vigentes

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) reiteró que la planta de fertilizantes de GPO en Topolobampo no intervendrá ni afectará la actividad pesquera en la Bahía de Ohuira. Los permisos de pesca se mantendrán vigentes, por lo que las pescadoras y pescadores podrán continuar con sus actividades.

Se establecerá un Programa de Monitoreo en la Bahía de Ohuira para analizar de forma mensual las especies capturadas en los principales campos pesqueros de la zona y la calidad del agua. La empresa se comprometió a instalar comités de vigilancia ambiental integrados por habitantes locales para supervisar la calidad del aire y del agua de la Bahía.

Cierre editorial

El desafío de conciliar desarrollo y medio ambiente en Bahía de Ohuira

El caso de la planta de amoniaco en Topolobampo evidencia la complejidad de equilibrar el desarrollo industrial con la protección de ecosistemas costeros de alto valor ambiental. La consulta indígena realizada en 2022, con el respaldo de 11 de las 15 comunidades consultadas y la participación de más de 2,400 personas, buscó dar legitimidad al proyecto desde el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, la oposición de tres comunidades asentadas en la Bahía de Ohuira —Ohuira, Lázaro Cárdenas y Paredones— y las denuncias recurrentes ante la Profepa reflejan una tensión que no se resuelve únicamente con autorizaciones administrativas. Los compromisos asumidos por la empresa —comités de vigilancia vecinal, monitoreo mensual de especies y calidad del agua— son mecanismos que buscan generar confianza, pero su efectividad dependerá de la transparencia en su implementación. La supervisión de la Semarnat y el diálogo con las comunidades serán clave para que este proyecto no se traduzca en un conflicto ambiental de larga duración.