Nuevas ventanillas, plazos reducidos y energía renovable impulsan certidumbre, competitividad y ejecución de proyectos estratégicos.
México presentó un paquete de acciones inmediatas para destrabar inversiones estratégicas con reglas claras, plazos cortos y coordinación institucional. El enfoque combina transición energética, simplificación regulatoria, facilitación comercial y certeza fiscal para acelerar proyectos en sectores clave. La ruta prioriza energía, infraestructura, salud y comercio exterior mediante ventanillas únicas y procedimientos digitales. Este rediseño operativo busca reducir tiempos, costos y discrecionalidad, mientras fortalece la confianza entre autoridades y empresas. La meta es transformar la experiencia de invertir en el país con procesos predecibles y ejecución ágil, alineados a una visión de prosperidad compartida y desarrollo territorial equilibrado.
Transición energética con metas medibles y convocatorias ágiles
El plan eleva la generación renovable del 24% al 38% con nueva capacidad y almacenamiento eléctrico. Se proyectan 32 GW adicionales y 6,145 MW en almacenamiento, con inversión estimada de 738.4 mil millones de pesos. La cartera combina proyectos públicos, privados y mixtos para asegurar energía firme y renovable en paralelo. Esta arquitectura reduce riesgos de intermitencia y mejora la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Las convocatorias se estructuran en tres vías: privadas, mixtas y específicas de almacenamiento. Para la primera ronda se ofertan hasta 3,300 MW y 1,000 MW de almacenamiento. Cinco instituciones coordinaron requisitos técnicos y redujeron plazos de evaluación de 18 a 3 meses. Varios proyectos concluyen permisos y entrarán pronto a construcción, acelerando impactos reales en territorio.
Nueve trámites en uno: simplificación para centrales y autoconsumo
La simplificación regulatoria integra nueve trámites en un solo procedimiento digital con expediente único. Participan cuatro instituciones y se unifican estudios, permisos e interconexión en una ruta trazable. El tiempo total baja de un año y tres meses a seis meses desde el inicio hasta la operación. En autoconsumo aislado, el permiso puede resolverse en un mes.
Este rediseño reduce fricción administrativa y elimina duplicidades técnicas entre dependencias. La estandarización de estudios para centrales y grupos de autoconsumo disminuye costos y tiempos de ingeniería. La certeza en calendarios facilita planeación financiera y cierre de contratos con menor riesgo. La digitalización también mejora la trazabilidad y la rendición de cuentas del proceso.
Oficina de inversiones y ventanillas únicas para comercio exterior
Se crea una oficina presidencial para promover inversiones con constancias en 30 días. Su comité integra seis secretarías y acompaña gestiones con autoridades locales bajo reglas homogéneas. Para proyectos en polos de bienestar, sectores estratégicos o mayores a 2 mil millones, la autorización es inmediata. El resto debe resolverse en 90 días o se considera autorizado.
En comercio exterior, una ventanilla homologada concentra trámites de autoridades fiscales, económicas y aduaneras. Se establece un expediente único y una plataforma interoperable para evitar requisitos duplicados. El punto de entrada digital reduce tiempos a 15 días en procesos clave y mejora trazabilidad operativa. La agencia digital administra la plataforma sin alterar facultades resolutivas de cada autoridad.
Salud regulatoria y confianza: COFEPRIS simplifica el 100% de trámites
La autoridad sanitaria culmina la simplificación total de sus trámites con un modelo basado en confianza y vigilancia posterior. Los procedimientos bajan de 340 a 125, y los requisitos promedio se reducen a la mitad. Los tiempos de resolución pasan de 100 a 24 días en promedio, con avisos inmediatos en gestiones administrativas.
Se reconocen autorizaciones de agencias de referencia y se habilita consulta pública de registros sanitarios. Un equipo de monitoreo sigue la implementación con usuarios simulados para detectar fricciones reales. Esta reforma reduce costos regulatorios, acelera lanzamientos y fortalece la seguridad sanitaria con supervisión posterior. La predictibilidad regulatoria favorece inversión en salud y cadenas farmacéuticas.
Infraestructura carretera y coordinación financiera público-privada
El programa carretero contempla 5,123 kilómetros con inversión estimada de 523 mil millones de pesos. Se proyectan más de 1.4 millones de empleos directos e indirectos durante la ejecución. Participan proyectos públicos y privados en continuidad, desdoblamientos, puentes y ejes prioritarios. La coordinación con banca de desarrollo y empresas mixtas fortalece cierres financieros.
La mezcla de participación pública y privada permite acelerar obras con distribución de riesgos. Los paquetes priorizan continuidad de tramos críticos para logística y comercio regional. La planeación por ejes reduce cuellos de botella y mejora conectividad productiva. La ejecución oportuna impacta costos de transporte y tiempos de entrega en cadenas industriales.
Certeza fiscal, atención al contribuyente y combate a evasión
El plan maestro fiscal amplía presencia territorial y refuerza atención cercana al contribuyente. Se promueven trámites en línea, citas ágiles y formatos simplificados para reducir tiempos en oficinas. Se renueva el servicio de aclaraciones y se fortalecen oficinas móviles en todo el país. La meta es asistencia clara que prevenga errores y costos innecesarios.
En fiscalización, se priorizan revisiones a quienes presentan irregularidades y no a cumplidos. Se establecen criterios uniformes, una revisión integral por ejercicio y respeto a la no retroactividad. Se agilizan devoluciones, inscripción al registro y firma electrónica, con sanciones como último recurso. También se refuerza la defensa del contribuyente mediante nueva coordinación institucional.
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