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CDMX, 5 de mayo de 2026.
Nuevas ventanillas, plazos reducidos y energía renovable impulsan certidumbre, competitividad y ejecución de proyectos estratégicos.

México presentó un paquete de acciones inmediatas para destrabar inversiones estratégicas con reglas claras, plazos cortos y coordinación institucional. El enfoque combina transición energética, simplificación regulatoria, facilitación comercial y certeza fiscal para acelerar proyectos en sectores clave. La ruta prioriza energía, infraestructura, salud y comercio exterior mediante ventanillas únicas y procedimientos digitales. Este rediseño operativo busca reducir tiempos, costos y discrecionalidad, mientras fortalece la confianza entre autoridades y empresas. La meta es transformar la experiencia de invertir en el país con procesos predecibles y ejecución ágil, alineados a una visión de prosperidad compartida y desarrollo territorial equilibrado.
El plan eleva la generación renovable del 24% al 38% con nueva capacidad y almacenamiento eléctrico. Se proyectan 32 GW adicionales y 6,145 MW en almacenamiento, con inversión estimada de 738.4 mil millones de pesos. La cartera combina proyectos públicos, privados y mixtos para asegurar energía firme y renovable en paralelo. Esta arquitectura reduce riesgos de intermitencia y mejora la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.
Las convocatorias se estructuran en tres vías: privadas, mixtas y específicas de almacenamiento. Para la primera ronda se ofertan hasta 3,300 MW y 1,000 MW de almacenamiento. Cinco instituciones coordinaron requisitos técnicos y redujeron plazos de evaluación de 18 a 3 meses. Varios proyectos concluyen permisos y entrarán pronto a construcción, acelerando impactos reales en territorio.
La simplificación regulatoria integra nueve trámites en un solo procedimiento digital con expediente único. Participan cuatro instituciones y se unifican estudios, permisos e interconexión en una ruta trazable. El tiempo total baja de un año y tres meses a seis meses desde el inicio hasta la operación. En autoconsumo aislado, el permiso puede resolverse en un mes.
Este rediseño reduce fricción administrativa y elimina duplicidades técnicas entre dependencias. La estandarización de estudios para centrales y grupos de autoconsumo disminuye costos y tiempos de ingeniería. La certeza en calendarios facilita planeación financiera y cierre de contratos con menor riesgo. La digitalización también mejora la trazabilidad y la rendición de cuentas del proceso.
Se crea una oficina presidencial para promover inversiones con constancias en 30 días. Su comité integra seis secretarías y acompaña gestiones con autoridades locales bajo reglas homogéneas. Para proyectos en polos de bienestar, sectores estratégicos o mayores a 2 mil millones, la autorización es inmediata. El resto debe resolverse en 90 días o se considera autorizado.
En comercio exterior, una ventanilla homologada concentra trámites de autoridades fiscales, económicas y aduaneras. Se establece un expediente único y una plataforma interoperable para evitar requisitos duplicados. El punto de entrada digital reduce tiempos a 15 días en procesos clave y mejora trazabilidad operativa. La agencia digital administra la plataforma sin alterar facultades resolutivas de cada autoridad.
La autoridad sanitaria culmina la simplificación total de sus trámites con un modelo basado en confianza y vigilancia posterior. Los procedimientos bajan de 340 a 125, y los requisitos promedio se reducen a la mitad. Los tiempos de resolución pasan de 100 a 24 días en promedio, con avisos inmediatos en gestiones administrativas.
Se reconocen autorizaciones de agencias de referencia y se habilita consulta pública de registros sanitarios. Un equipo de monitoreo sigue la implementación con usuarios simulados para detectar fricciones reales. Esta reforma reduce costos regulatorios, acelera lanzamientos y fortalece la seguridad sanitaria con supervisión posterior. La predictibilidad regulatoria favorece inversión en salud y cadenas farmacéuticas.
El programa carretero contempla 5,123 kilómetros con inversión estimada de 523 mil millones de pesos. Se proyectan más de 1.4 millones de empleos directos e indirectos durante la ejecución. Participan proyectos públicos y privados en continuidad, desdoblamientos, puentes y ejes prioritarios. La coordinación con banca de desarrollo y empresas mixtas fortalece cierres financieros.
La mezcla de participación pública y privada permite acelerar obras con distribución de riesgos. Los paquetes priorizan continuidad de tramos críticos para logística y comercio regional. La planeación por ejes reduce cuellos de botella y mejora conectividad productiva. La ejecución oportuna impacta costos de transporte y tiempos de entrega en cadenas industriales.
El plan maestro fiscal amplía presencia territorial y refuerza atención cercana al contribuyente. Se promueven trámites en línea, citas ágiles y formatos simplificados para reducir tiempos en oficinas. Se renueva el servicio de aclaraciones y se fortalecen oficinas móviles en todo el país. La meta es asistencia clara que prevenga errores y costos innecesarios.
En fiscalización, se priorizan revisiones a quienes presentan irregularidades y no a cumplidos. Se establecen criterios uniformes, una revisión integral por ejercicio y respeto a la no retroactividad. Se agilizan devoluciones, inscripción al registro y firma electrónica, con sanciones como último recurso. También se refuerza la defensa del contribuyente mediante nueva coordinación institucional.
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