La Comisión Permanente del Congreso aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la ASF una revisión integral de contratos y obra pública durante la gestión de Samuel García.
La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio un paso clave para fiscalizar el uso de recursos federales en Nuevo León. Aprobó un punto de acuerdo, presentado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría integral a los recursos federales transferidos y ejercidos por el gobierno de Samuel García Sepúlveda[1][2]. La revisión abarcaría contratos de servicios y obra pública financiados con fondos federales, tras señalamientos de posibles irregularidades como sobrecostos, obras inconclusas y conflictos de interés[3].
Señalamientos que detonaron la solicitud
El punto de acuerdo, que ahora pasa al Pleno de la Comisión Permanente[4], subraya que la contratación de servicios y la ejecución de obra pública son áreas particularmente sensibles a irregularidades. Se mencionan posibles triangulaciones mediante empresas proveedoras vinculadas a personas cercanas al gobernador, así como el presunto gasto de más de 81 millones de pesos en una campaña de comunicación en redes sociales a través de una empresa que también era proveedora del gobierno estatal[5]. Estas denuncias, que han sido públicas, exigen una revisión técnica e independiente para esclarecer el origen y destino de los recursos.
Un llamado a la fiscalización sin excepciones
Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, enfatizó la importancia de que el Estado responda con fiscalización profesional ante señalamientos de esta gravedad[6]. “Cuando existen señalamientos de esta gravedad, la respuesta del Estado debe ser una fiscalización profesional, sin excepciones. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y cada peso gastado debe ser explicado”, afirmó el legislador. La iniciativa subraya que la transparencia en el manejo de los recursos federales es un principio irrenunciable.
Contexto de la petición y siguientes pasos
Esta solicitud se suma a una petición similar realizada el mes pasado por el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, quien pidió a la ASF fiscalizar las principales obras realizadas por el gobierno de Samuel García[7]. El punto de acuerdo aprobado en comisión aún debe ser ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente[8]. De ser aprobado, la ASF recibirá la petición formal para determinar el alcance técnico y la apertura de las auditorías correspondientes[9]. La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión[10].
🔗 Recursos externos de interés:
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Cámara de Diputados
- Secretaría de la Función Pública
- Gobierno del Estado de Nuevo León
- Instituto Nacional Electoral (INE)
Cierre editorial
La aprobación de este punto de acuerdo en comisión es un paso significativo para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en Nuevo León. La eventual auditoría de la ASF permitirá determinar si existieron irregularidades en el manejo de los fondos federales, brindando certidumbre a la ciudadanía y sentando un precedente sobre la importancia de la fiscalización independiente. México requiere instituciones sólidas que actúen con rigor para garantizar que los recursos públicos se utilicen conforme a la ley y en beneficio de la población.
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