El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el exhorto para que la ASF revise contratos y obra pública durante la gestión de Samuel García.
El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó este miércoles 19 de agosto el dictamen que exhorta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a realizar una auditoría integral de los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León durante la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda[0]. La propuesta, impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), plantea revisar de manera particular los contratos de prestación de servicios y ejecución de obra pública financiados total o parcialmente con aportaciones federales, ante señalamientos de posibles irregularidades como adjudicaciones injustificadas, sobrecostos, obras inconclusas y conflictos de interés.
Un exhorto que avanza en el Congreso
El dictamen aprobado en la sesión del 19 de agosto de 2026 establece que la ASF deberá determinar e iniciar una auditoría integral a los recursos federales transferidos al estado, con especial énfasis en los contratos de servicios y obra pública[1]. La propuesta subraya que estas áreas son particularmente sensibles a irregularidades como adjudicaciones injustificadas, sobrecostos, servicios no prestados, obras inconclusas, conflictos de interés y transferencias a terceros. El exhorto solicita examinar contratos, pagos, subcontrataciones, empresas relacionadas y el destino final de los recursos.
Señalamientos que motivaron la petición
El documento recoge señalamientos públicos sobre posibles triangulaciones mediante empresas proveedoras del gobierno estatal vinculadas a personas cercanas al mandatario. También refiere que un despacho relacionado con el gobernador y su familia habría destinado más de 81 millones de pesos a una campaña de comunicación en redes sociales a través de una empresa que, al mismo tiempo, habría sido proveedora del Gobierno de Nuevo León. El exhorto enfatiza que la eventual auditoría no busca sustituir las facultades constitucionales de la ASF ni anticipar culpabilidades, sino esclarecer el uso de los recursos[2].
Los acuerdos aprobados por el Pleno
La Comisión Permanente aprobó dos puntos de acuerdo. El primero exhorta a la ASF a realizar una auditoría integral de los recursos federales transferidos a Nuevo León, con especial énfasis en contratos de servicios y obra pública, ante la existencia de presuntos sobrecostos. El segundo solicita a la ASF que, tras el análisis, deslinde responsabilidades o, en su caso, promueva las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.
El contexto político y la rendición de cuentas
La aprobación del exhorto ocurre en un contexto de creciente escrutinio sobre el manejo de los recursos públicos en Nuevo León. La administración de Samuel García ha enfrentado múltiples señalamientos, incluyendo controversias por el uso de recursos durante la pandemia y por presuntos contratos irregulares. La decisión del Congreso de la Unión de solicitar una auditoría a la ASF refleja la importancia de la fiscalización independiente y el fortalecimiento de la rendición de cuentas en las entidades federativas.
🔗 Recursos externos de interés:
- Auditoría Superior de la Federación (ASF)
- Cámara de Diputados
- Gobierno del Estado de Nuevo León
- Secretaría de la Función Pública
- Instituto Nacional Electoral (INE)
Cierre editorial
La aprobación del exhorto para que la ASF audite los recursos federales en Nuevo León es un paso significativo en el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas en el país. La eventual auditoría permitirá determinar si los recursos federales fueron destinados a los fines autorizados y si existieron irregularidades en los contratos de servicios y obra pública. La fiscalización independiente es un pilar fundamental del Estado de derecho, y este caso subraya la necesidad de que todas las administraciones públicas rindan cuentas a la ciudadanía.
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