Interpretación del artículo 127 constitucional brinda seguridad jurídica a miles de personas. Ramírez Cuéllar impulsa diálogo y llama a consolidar el criterio en la ley.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la interpretación emitida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sobre la aplicación del artículo 127 de la Constitución constituye un paso fundamental para brindar certeza a miles de personas jubiladas y pensionadas de las entidades públicas[1]. Sin embargo, sostuvo que ahora es necesario consolidar ese criterio en la ley, para eliminar cualquier incertidumbre jurídica[2]. El legislador destacó que este avance es resultado de un proceso de diálogo abierto con las organizaciones de personas jubiladas y pensionadas, iniciado entre el 29 de mayo y el 8 de junio[3].
Un proceso de diálogo que rinde frutos
El legislador recordó que entre el 29 de mayo y el 8 de junio se realizaron diversas reuniones de trabajo en las que participaron representantes de personas jubiladas de instituciones como Pemex, CFE, Banobras y otros organismos públicos, así como legisladoras y legisladores federales[4]. En esos encuentros se analizaron las inquietudes surgidas tras la entrada en vigor de la reforma constitucional y se construyó una ruta institucional para atenderlas mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones jurídicas[5]. Como resultado, se remitió un oficio a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, acompañado de los planteamientos formulados por las organizaciones, con el propósito de solicitar una interpretación jurídica que brindara certeza sobre la aplicación de la reforma[6].
La interpretación que brinda certidumbre
La respuesta emitida por la Consejería Jurídica constituye un paso muy significativo porque reconoce la necesidad de privilegiar un criterio uniforme que preserve la congruencia entre las remuneraciones percibidas durante la vida laboral y las pensiones derivadas de ellas[7]. El legislador recordó que la Consejería Jurídica concluyó que existe una contradicción interpretativa entre las fracciones II y IV del artículo 127 constitucional, ya que mientras una establece como parámetro la remuneración íntegra de la persona titular del Ejecutivo Federal, la otra hace referencia al cincuenta por ciento de dicha percepción[8]. Ante esa situación, determinó que debe privilegiarse una interpretación que preserve la continuidad entre el salario en activo y la pensión correspondiente[9].
Resultados concretos y compromiso legislativo
Ramírez Cuéllar destacó que esta respuesta representa un paso muy importante porque brinda tranquilidad a miles de personas que manifestaron legítimamente sus preocupaciones[10]. Destacó que con esta interpretación, en diversas dependencias, como es el caso de PEMEX, se logró poner fin a aproximadamente un 98% de las afectaciones: “esto demuestra que el diálogo institucional, la apertura y la disposición que han mostrado no sólo diputados y diputadas, sino la Consejería Jurídica y en general el Gobierno Federal, para escuchar, siempre van a producir mejores soluciones”[11]. No obstante, señaló que es preciso revisar aquellos casos que aún se ven afectados o exceden el monto establecido, aunque mencionó que, tras el ajuste, no deberían exceder el 3%[12].
La necesidad de actualización por inflación
El vicecoordinador de Morena expresó que este proceso ofrece la oportunidad de fortalecer el marco jurídico en un aspecto adicional que resulta fundamental para proteger el bienestar de las personas jubiladas y pensionadas[13]. Recordó que desde 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sus percepciones permanecerían congeladas como parte de la política de austeridad[14]. Sin embargo, se requiere identificar el mecanismo para que los montos de las pensiones se actualicen de manera anual, conforme a la inflación, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales correspondientes, preservando así el poder adquisitivo de quienes ya concluyeron su vida laboral[15].
Un compromiso del Gobierno con la justicia social
Finalmente, Ramírez Cuéllar recordó que, desde el inicio de este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó la disposición del Gobierno de México para revisar la implementación de la reforma y atender las inquietudes de las personas jubiladas y pensionadas[16]. En ese sentido, consideró que la respuesta emitida por la Consejería Jurídica refleja el compromiso del Gobierno con el diálogo, la justicia social y la protección de los derechos adquiridos[17]. “Escuchamos a las personas jubiladas, construimos una ruta institucional, obtuvimos una respuesta que brinda certeza y ahora corresponde al Congreso dar el siguiente paso. Vamos a trabajar para que ese criterio quede plasmado en la ley y para garantizar que las jubilaciones y pensiones mantengan su valor frente a la inflación”, concluyó[18].
Cierre editorial
La interpretación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sobre el artículo 127 constitucional representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas jubiladas y pensionadas en México. El diálogo institucional abierto entre legisladores, organizaciones y el gobierno federal ha demostrado ser una vía efectiva para resolver las inquietudes surgidas tras la reforma constitucional. La decisión de privilegiar una interpretación que preserve la congruencia entre el salario en activo y la pensión correspondiente brinda certeza a miles de trabajadores que dedicaron su vida al servicio público. El reto ahora es consolidar este criterio en la ley y garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación, protegiendo así el bienestar de quienes ya concluyeron su vida laboral.
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