El autor de La generación ansiosa planteó en la mañanera escuelas libres de teléfonos y regular el diseño de las plataformas, no los contenidos.
La edad mínima para redes sociales volvió al centro del debate mexicano el 3 de agosto de 2026. El psicólogo social Jonathan Haidt recomendó a la presidenta Claudia Sheinbaum fijarla en 16 años durante la conferencia matutina. El académico de la Universidad de Nueva York planteó además retirar los teléfonos a los estudiantes durante toda la jornada escolar. Su tercer punto pasó más desapercibido y es el más relevante: centrar la política pública en el diseño de las plataformas, no en la regulación de contenidos. México se encuentra en fase de consulta. No existe iniciativa aprobada ni fecha de aplicación. La discusión abre una pregunta de fondo sobre el tipo de infancia que el país quiere sostener.
Qué propuso Haidt: dos medidas y un cambio de enfoque
Haidt participó por videoconferencia desde Nueva York. Sostuvo que la infancia pasó de estar basada en el juego a estar basada en el teléfono, con consecuencias documentadas en distintos países. Empleó una imagen que sintetiza su diagnóstico: los padres utilizan las pantallas como “chupón digital”, incluso desde los dos años de edad.
Sus dos recomendaciones operativas son concretas. Elevar a 16 años la edad para abrir cuentas y separar a los alumnos de sus dispositivos durante la jornada escolar completa. Ambas, afirmó, ya se aplican en diversas democracias.
El tercer elemento es metodológico y merece más atención. Haidt propuso enfocar las políticas públicas en el diseño de las plataformas, no en regular o prohibir contenidos. Esa distinción evita el terreno pantanoso de la censura.
Escuelas libres de teléfonos: qué dice la experiencia comparada
El argumento pedagógico es de rendimiento. Haidt explicó que la distracción provocada por teléfonos, tabletas y computadoras es una de las razones de la caída en resultados de exámenes desde 2012, tendencia también recogida por las pruebas PISA de la OCDE. En paralelo, aumentó el sentimiento de soledad en los planteles.
Su evaluación de la medida es pragmática: las escuelas libres de teléfonos serían una intervención sencilla, económica y eficaz. No requiere infraestructura ni reforma constitucional.
Los datos comparados exigen precisión. Haidt mencionó 25 estados de la Unión Americana con políticas de este tipo. Un reporte actualizado en julio de 2026 contabilizó 41 estados con leyes u órdenes sobre escuelas sin teléfonos y 24 con restricciones durante toda la jornada. La diferencia depende del alcance que se mida.
Edad mínima para redes sociales: el problema de la verificación
Aquí se concentra la dificultad técnica. Haidt invocó el ejemplo australiano, supervisado por la eSafety Commissioner, que restringió el acceso a menores de 16 años y reportó una reducción del 30 por ciento en seis meses. Calificó ese cambio conductual como un logro significativo en un plazo tan breve.
El obstáculo es la implementación. Fijar una edad mínima exige un sistema de verificación confiable. Los métodos disponibles —documento oficial, estimación biométrica, verificación por terceros— implican recolectar datos sensibles de toda la población, no solo de menores.
Esa tensión no se resolvió en la conferencia. Cualquier propuesta mexicana deberá conciliar la protección de la infancia, que UNICEF ha situado como prioridad en entornos digitales, con el derecho a la privacidad y los estándares de datos personales vigentes.
Del contenido al diseño: la tesis de Arturo Béjar
El ingeniero Arturo Béjar, experto en seguridad digital, aportó el ángulo técnico. Planteó atacar el diseño adictivo y compulsivo de las redes sociales.
Su matiz es importante. Señaló que parte de la discusión consiste en separar los usos necesarios y beneficiosos de las plataformas de las estrategias diseñadas para explotar a los menores de edad. No todo uso es equivalente.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, coincidió en que el problema rebasa la responsabilidad individual de madres, padres y menores, debido al funcionamiento de los algoritmos. La SEP lo enmarcó como asunto de salud pública, en línea con los criterios de la Organización Mundial de la Salud.
El debate científico que conviene no omitir
La tesis de Haidt es influyente, pero no cuenta con consenso académico pleno. Investigadores como Candice Odgers y Andrew Przybylski han señalado, en publicaciones como Nature, que la evidencia disponible muestra correlaciones y que los tamaños de efecto son modestos.
El punto crítico es metodológico. La coincidencia temporal entre la adopción del teléfono inteligente y el deterioro de indicadores de salud mental no prueba, por sí sola, una relación causal. Otros factores —crisis económicas, cambios en los criterios diagnósticos, presión académica— operan simultáneamente.
Reconocer esa discusión no invalida las medidas propuestas. Las escuelas libres de teléfonos tienen justificación pedagógica independiente del debate sobre salud mental. Pero exige que las políticas incorporen evaluación de impacto desde su diseño.
Dónde está México: consulta, no ley
El Gobierno federal realiza foros para construir una propuesta. Se anunció que en agosto se presentará un planteamiento sobre el uso de celulares en escuelas y sobre la regulación de plataformas digitales.
Cifras oficiales indican que 70 por ciento de madres y padres respalda la restricción total de celulares durante la jornada escolar. Ese respaldo social reduce el costo político de la medida escolar, aunque no resuelve las objeciones técnicas sobre la verificación de edad.
Sheinbaum ha sostenido que se trata de un asunto de salud de las infancias, según consignó La Jornada. No hay prohibición vigente ni iniciativa aprobada.
Cierre editorial
México llega a este debate con una ventaja relativa. Puede observar los resultados de Australia, la Unión Europea y varios estados norteamericanos antes de legislar. Esa posición permite diseñar una norma informada por evidencia empírica, no por urgencia mediática.
La edad mínima para redes sociales es solo una pieza. La discusión estructural es sobre el modelo de negocio: sistemas optimizados para maximizar tiempo de permanencia, aplicados a usuarios en formación. Regular el diseño, como propuso Haidt, evita el conflicto con la libertad de expresión y ataca el incentivo económico de fondo.
Cualquier política pública en esta materia debería incorporar tres elementos: mecanismos de verificación que no comprometan datos personales, evaluación periódica de resultados educativos y participación de las comunidades escolares en su implementación. La protección de la infancia y las garantías individuales no son objetivos contrapuestos. Diseñar la norma para que ambos se sostengan es la tarea institucional pendiente.
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