La empresa incumplió un plazo verbal para el pago final de 500 mdp acordado para la remediación ambiental y la atención a comunidades afectadas.
El Grupo México mantiene pendiente un pago de 500 millones de pesos para la remediación del Río Sonora, afectado por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en 2014, considerado el peor desastre ambiental de la minería en México [citation:3][citation:5][citation:6]. La empresa, propiedad del magnate Germán Larrea, ya ha cubierto mil millones de pesos de un acuerdo firmado en diciembre de 2025, pero el plazo verbal para el pago final, fijado para abril de 2026, fue incumplido [citation:3][citation:5]. El gobierno federal estableció un ultimátum que vence el 21 de agosto de 2026 [citation:3][citation:5]. Los recursos están destinados a plantas de tratamiento y potabilización de agua para las comunidades que aún sufren las consecuencias del desastre [citation:5].
El derrame de 2014: un desastre que persiste
El 6 de agosto de 2014, un derrame de 40 mil metros cúbicos de solución acidulada de sulfato de cobre desde la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, contaminó los ríos Sonora y Bacanuchi, afectando a más de 22 mil habitantes de ocho municipios [citation:2][citation:4]. A más de una década, las comunidades afectadas, entre ellas Arizpe, Banámichi y Ures, siguen expuestas a metales pesados como arsénico, plomo y cadmio en el agua y los sedimentos, lo que se asocia con altos índices de cáncer [citation:2][citation:5][citation:6]. La Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ha invertido 654 millones de pesos en una segunda etapa de remediación, pero las comunidades denuncian que el saneamiento y la atención médica siguen siendo deudas pendientes [citation:5][citation:6].
El acuerdo incumplido y el adeudo de 500 millones
En diciembre de 2025, Grupo México firmó un convenio con los secretarios de Hacienda, Edgar Amador, y de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para aportar mil 500 millones de pesos en tres ministraciones de 500 millones cada una, como acción “voluntaria y solidaria” para la salud, el agua y el medio ambiente [citation:2][citation:3]. La empresa pagó los primeros 500 millones en diciembre de 2025, que se destinaron al IMSS-Bienestar para el hospital de Ures, y en abril de 2026 cubrió el segundo pago [citation:1][citation:2][citation:3]. Sin embargo, el pago final de 500 millones, comprometido verbalmente para abril de 2026, no se ha liquidado y el gobierno federal fijó un ultimátum que expira el 21 de agosto de 2026 [citation:3][citation:5][citation:8].
El destino de los recursos y la postura del gobierno
Los 500 millones restantes están etiquetados para la adquisición de plantas de tratamiento y potabilización de agua, así como para la remediación de suelos contaminados [citation:3][citation:5]. Mientras tanto, los primeros mil millones han financiado la construcción del Hospital de Ures, que ofrecerá servicios de análisis de metales pesados y seguimiento epidemiológico [citation:2][citation:3]. La presidenta Sheinbaum ha afirmado que el acuerdo para el río no está vinculado a otros permisos que la empresa busca para sus operaciones, aunque organizaciones como PODER y los Comités de Cuenca exigen transparencia y participación comunitaria en las decisiones [citation:2][citation:7].
La resistencia de Grupo México y el contexto legal
El retraso en el pago no es un hecho aislado. En 2014, Grupo México ya había incumplido un fideicomiso por 2 mil millones de pesos para la remediación, del cual solo pagó la mitad antes de que se extinguiera [citation:5]. En esta ocasión, fuentes consultadas por Contralínea indican que la empresa ha buscado dilatar el pago [citation:3]. Si no liquida el adeudo, podría reactivarse la denuncia penal interpuesta por la Semarnat en 2023 contra Grupo México y sus filiales por daño ambiental y corrupción, aunque hasta ahora el caso ha permanecido en pausa [citation:3][citation:5].
El adeudo de Grupo México por 500 millones de pesos no es solo una cifra contable, sino un símbolo de una deuda histórica con las comunidades del Río Sonora y con el medio ambiente. Doce años después del derrame, la falta de justicia integral y la resistencia de la empresa a saldar su responsabilidad reflejan un patrón de impunidad que ha caracterizado este caso [citation:5][citation:6]. El gobierno federal tiene la oportunidad de actuar con firmeza para que este pago final se concrete y los recursos se destinen a obras que realmente beneficien a la población afectada, como plantas potabilizadoras y atención médica. La exigencia de transparencia y la participación de las comunidades en el seguimiento de los acuerdos son fundamentales para que la justicia ambiental sea una realidad, y no solo una promesa.
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