La nueva plataforma de 4,510 MW despierta oportunidades de inversión y al mismo tiempo interrogantes sobre el control estratégico del sector eléctrico mexicano.
La alianza entre Grupo México y Global Infrastructure Partners, fondo controlado por BlackRock, crea una de las mayores plataformas privadas de generación eléctrica del país. Con 4,510 megawatts operativos y una cartera de proyectos por otros 5,000 MW, la operación concentra capacidad equivalente a casi una décima parte de la demanda nacional. La transacción, anunciada el 27 de abril de 2026, ocurre en un contexto de creciente presión sobre el sistema eléctrico. Sin embargo, la magnitud del acuerdo plantea preguntas urgentes: ¿En qué medida el control de infraestructura estratégica por parte de capital extranjero se alinea con la soberanía energética que México necesita? La seguridad nacional no solo depende de tener suficiente electricidad, sino de quién decide cómo, dónde y para quién se genera.
Una plataforma de escala sin precedentes
La operación combina los activos de generación de Grupo México con los de Saavi Energía, firma que GIP adquirió en 2023. La nueva sociedad quedará controlada en un 70% por el conglomerado mexicano y en un 30% por el fondo estadounidense. Las 14 centrales se distribuyen en zonas industriales estratégicas del país.
El comunicado oficial subraya la complementariedad de los activos y el potencial de crecimiento. No obstante, la operación trasciende la lógica empresarial. Por su escala, la plataforma adquiere una dimensión sistémica. 4,510 MW representan aproximadamente el 10% de la demanda neta del Sistema Eléctrico Nacional. Una capacidad de esa magnitud, concentrada en un solo operador privado con participación extranjera relevante, introduce un factor de poder de mercado que el marco regulatorio debe observar con atención.
Inversión necesaria, control estratégico en debate
México requiere inversión privada para ampliar y modernizar su infraestructura eléctrica. El Plan de Fortalecimiento del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030 contempla 6,400 MW de nueva capacidad aportada por el sector privado. La demanda crece al ritmo del nearshoring y las proyecciones indican que el país necesitará al menos 30,000 MW adicionales hacia 2030.
Sin embargo, la necesidad de inversión no puede traducirse en una cesión progresiva del control sobre activos estratégicos. La Constitución establece que el suministro de energía eléctrica es un servicio público y una facultad exclusiva del Estado. La reforma de 2013 abrió espacios a la participación privada, pero mantuvo como principio rector la rectoría estatal. La pregunta no es si el capital privado debe participar, sino bajo qué condiciones lo hace y si el Estado conserva la capacidad real de planear y regular el sistema en función del interés nacional, no del interés corporativo.
El riesgo de un sistema eléctrico de dos velocidades
Las centrales de la nueva plataforma se ubican en corredores industriales de alta rentabilidad. Esta focalización geográfica responde a la lógica del mercado, que busca los mejores retornos. Pero el acceso a energía confiable no puede limitarse a las zonas donde se concentra la inversión extranjera directa.
Un sistema eléctrico soberano debe garantizar cobertura universal, tarifas justas y respaldo para todas las regiones, incluyendo aquellas menos rentables. El riesgo de consolidar un sistema de dos velocidades —uno eficiente y privado para la industria de exportación, otro rezagado y público para el resto del país— no es una especulación. Es una tendencia documentada en economías que liberalizaron sus sectores eléctricos sin salvaguardas suficientes. La política energética mexicana debe evitar que la rentabilidad privada defina las prioridades de un servicio público esencial.
Soberanía energética: más que capacidad instalada
La soberanía no se mide solo en megawatts. Se construye con la capacidad del Estado para planificar el largo plazo, decidir la matriz de generación, garantizar la seguridad del suministro y negociar en condiciones de equilibrio con los actores privados. Una participación del 30% de BlackRock en una plataforma de 4,510 MW no vulnera por sí misma la rectoría estatal, pero sí exige un escrutinio riguroso.
La Comisión Federal de Electricidad mantiene su papel como actor preponderante con el 54% del mercado, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, la concentración de capacidad privada en pocos operadores puede generar asimetrías de información, presión sobre los precios y debilitamiento de la planeación centralizada. La experiencia internacional muestra que la fragmentación excesiva de los sistemas eléctricos, sin una autoridad reguladora fuerte, tiende a trasladar costos a los usuarios y a postergar inversiones de largo plazo.
Una oportunidad para fortalecer el marco regulatorio
La alianza Grupo México-BlackRock puede ser compatible con la soberanía energética si se enmarca en reglas claras, estables y orientadas al interés público. La reciente apertura de la CFE a esquemas de inversión mixta demuestra que el Estado busca mecanismos de colaboración sin renunciar al control estratégico. 80 empresas han manifestado interés en participar, lo que confirma que existe apetito de inversión bajo condiciones razonables.
El verdadero desafío es institucional. México necesita un regulador autónomo, con capacidad técnica y financiera, que supervise estos acuerdos y garantice que los beneficios de la inversión privada se distribuyan de manera equitativa. También requiere mecanismos de transparencia que permitan a la sociedad evaluar si las alianzas público-privadas y las operaciones entre particulares sirven al desarrollo nacional o únicamente a la acumulación de capital.
Cierre editorial
La energía es un bien estratégico que define la capacidad de un país para decidir su propio futuro. La celebración de inversiones como la de Grupo México y BlackRock debe estar acompañada de una reflexión profunda sobre el modelo energético que México desea construir. No se trata de rechazar la participación privada, sino de subordinarla a una visión soberana de largo plazo.
El reto para la próxima década es consolidar un sistema eléctrico que combine inversión, innovación y equidad, sin perder de vista que la electricidad no es una mercancía ordinaria. Es un servicio público, un derecho habilitante y un pilar de la seguridad nacional. Las decisiones que se tomen en 2026 definirán si México avanza hacia la prosperidad compartida o hacia una dependencia silenciosa que comprometa su autonomía estratégica.
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