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Edición digital07 SEP 2026
TECNOLOGÍA · JUSTICIA
Inteligencia artificial llega a la Suprema Corte
La inteligencia artificial será una herramienta de apoyo en la Corte; Loretta Ortiz pide regular su uso y preservar la decisión humana.
La inteligencia artificial comienza a abrirse paso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como herramienta de apoyo para las tareas jurisdiccionales. La ministra Loretta Ortiz Ahlf informó que la incorporación fue una decisión del Pleno, aunque expresó reservas sobre iniciar su utilización antes de establecer reglas específicas para los procesos jurídicos. Durante actividades académicas realizadas en Guadalajara, Ortiz planteó que la tecnología puede contribuir a organizar información y agilizar determinadas tareas, pero advirtió sobre riesgos relacionados con transparencia, sesgos y responsabilidad. Su planteamiento coloca una pregunta central para la nueva etapa tecnológica del Poder Judicial: cómo aprovechar estas herramientas sin trasladar a un algoritmo decisiones que corresponden a las personas juzgadoras.
Inteligencia artificial entra al debate de la Suprema Corte
La información surgió durante la participación de Loretta Ortiz en actividades académicas realizadas el 4 de septiembre en Guadalajara. La ministra señaló que el Pleno había decidido incorporar inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el trabajo jurisdiccional. Ortiz indicó que no coincidió plenamente con la secuencia adoptada y sostuvo que primero debía establecerse una regulación para el empleo de estas tecnologías en procesos judiciales y jurídicos. La advertencia adquiere relevancia porque las herramientas automatizadas pueden intervenir en tareas aparentemente administrativas que también tienen consecuencias jurídicas. Ortiz puso como ejemplo la asignación de asuntos y planteó la necesidad de poder explicar cómo opera un algoritmo cuando participa en procesos internos de la Corte. La información disponible, sin embargo, no permite establecer qué plataforma tecnológica utilizará la SCJN ni cuáles serán exactamente sus primeras funciones. Tampoco especifica proveedor, modelo de lenguaje o arquitectura.
Una herramienta de apoyo, no un sustituto del juzgador
La discusión va más allá de automatizar trámites. En otra conferencia realizada en la Universidad de Guadalajara, Ortiz desarrolló con mayor amplitud su visión sobre la inteligencia artificial aplicada a la función jurisdiccional. Estas tecnologías pueden apoyar la clasificación de asuntos, organización de expedientes, gestión de plazos, notificaciones y automatización de determinados flujos de trabajo. También pueden facilitar la identificación de precedentes y el procesamiento de grandes cantidades de información. Estas capacidades podrían convertirse en instrumentos para reducir cargas administrativas y facilitar la consulta de información jurídica. El límite aparece cuando una herramienta deja de asistir y comienza a influir de manera opaca en decisiones que afectan derechos. Juzgar implica analizar hechos y pruebas, interpretar normas, valorar circunstancias particulares y asumir responsabilidad sobre la resolución. El planteamiento distingue así entre utilizar tecnología para asistir el trabajo judicial y delegar en sistemas automatizados la responsabilidad de impartir justicia.
Loretta Ortiz pide regulación y responsabilidad humana
La ministra no planteó un rechazo general a la innovación tecnológica. Su intervención se concentró en las condiciones bajo las cuales debe incorporarse. Uno de los riesgos identificados es convertir la eficiencia en el único parámetro para evaluar estas herramientas. Una respuesta rápida no necesariamente equivale a una decisión jurídicamente correcta. La inteligencia artificial puede transformar el trabajo de los tribunales, pero la responsabilidad de decidir debe permanecer en manos humanas. Ese principio resulta especialmente relevante en un tribunal constitucional. Las resoluciones de la Suprema Corte pueden definir el alcance de derechos, interpretar normas constitucionales y establecer criterios con consecuencias para instituciones y personas. Por ello, conocer cómo funciona una herramienta utilizada dentro del proceso judicial puede adquirir una dimensión de debido proceso y rendición de cuentas. La discusión también coincide con un debate más amplio sobre tecnología, vigilancia, desinformación y protección de derechos fundamentales.
La justicia digital entra en una nueva etapa
La incorporación de herramientas tecnológicas en los tribunales mexicanos puede ofrecer oportunidades importantes. El procesamiento documental, la búsqueda de precedentes y determinadas labores administrativas son áreas donde la tecnología puede reducir tiempos. Pero el potencial de eficiencia plantea una exigencia paralela: establecer límites verificables. Un sistema utilizado por un tribunal debería permitir conocer para qué tareas está autorizado, qué información procesa y quién responde cuando produce un resultado incorrecto. También resulta relevante determinar cuándo una persona debe revisar obligatoriamente sus resultados. La transparencia adquiere todavía mayor importancia si los sistemas intervienen en distribución de expedientes, análisis documental o identificación de criterios jurídicos. En ese escenario, la discusión abierta por Loretta Ortiz no enfrenta necesariamente tecnología contra justicia. Coloca el énfasis en las reglas que deben vincular ambas y en la responsabilidad institucional de preservar las garantías jurídicas.
Cierre editorial
Innovación con límites verificables
La llegada de herramientas de inteligencia artificial al trabajo jurisdiccional representa un cambio relevante para la administración de justicia en México. La tecnología puede ayudar a procesar información, localizar precedentes y disminuir cargas operativas. Sin embargo, esas ventajas no eliminan las obligaciones de transparencia, fundamentación y responsabilidad propias de una institución judicial. El punto central será determinar qué puede hacer la tecnología y qué decisiones deben permanecer exclusivamente bajo responsabilidad humana. También será necesario conocer el marco técnico y normativo con el que la Suprema Corte instrumentará estas herramientas. Hasta ahora, las fuentes consultadas documentan la decisión señalada por Loretta Ortiz y sus advertencias, pero no ofrecen especificaciones suficientes para evaluar el sistema concreto. La discusión, por tanto, apenas comienza. La transformación digital de la justicia puede acelerar procesos, pero su legitimidad dependerá de que la innovación permanezca subordinada a los derechos, la transparencia y la responsabilidad de quienes imparten justicia.