La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de cerca de 12 mil millones de pesos para prevenir inundaciones. Se trata de una respuesta directa a los daños registrados en 2025, cuando las lluvias torrenciales dejaron 72 muertos y pérdidas por más de 550 millones de pesos solo en daños asegurados.
El plan incluye obras en los puntos más críticos del país. En la Zona Metropolitana del Valle de México destaca la ampliación de la capacidad de la Laguna El Salado, que pasará de 300 mil a 400 mil metros cúbicos. En Veracruz se construirán 10 kilómetros de bordos de protección. En Chiapas y Tabasco se intervendrán ríos estratégicos como el Suchiate, con una inversión de 370 millones de pesos.
23 mil obras para cerrar la brecha hídrica
La anunció alcanza también a la infraestructura básica: 23 mil obras de agua potable, drenaje y saneamiento están en marcha en 2 mil 300 municipios. Este despliegue responde a una realidad ineludible: el 36% de los mexicanos carece de acceso a agua potable segura, y solo el 61% de los hogares recibe el servicio de manera diaria.
El reto es estructural. México acumula una década de desinversión en el sector: el presupuesto de Conagua cayó del 0.26% al 0.1% del PIB entre 2013 y 2026. Organismos internacionales recomiendan destinar al menos el 1.3% del PIB para garantizar el acceso universal al agua. El anuncio de este 14 de mayo es un paso en esa dirección.
Coordinación institucional como clave de éxito
La estrategia descansa sobre un modelo de gobernanza colaborativa: Conagua encabeza la ejecución, pero los gobiernos estatales y municipales son aliados indispensables. El programa tiene un componente preventivo robusto: desazolve de 19 ríos, optimización del sistema de drenaje en el Valle de México y mantenimiento de plantas de bombeo.
Esta arquitectura institucional es fundamental. La fragmentación de responsabilidades ha sido históricamente uno de los principales frenos a la modernización del sector hídrico. Mantener una coordinación efectiva entre los tres órdenes de gobierno determinará si estas obras se traducen en una reducción real de la vulnerabilidad ante inundaciones.
Modernización y resiliencia, los siguientes frentes
La anunció se complementa con el Plan Nacional de Infraestructura Hidráulica 2026, que contempla una inversión de 450 mil millones de pesos para tecnificar 1.2 millones de hectáreas de riego y rehabilitar plantas de tratamiento.
La meta sexenal es recuperar 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua anuales y generar 430 mil empleos directos e indirectos en las regiones con mayor estrés hídrico. El plan incluye la instalación de sensores de humedad y sistemas de goteo automatizado en comunidades ejidales. También la sustitución de 4 mil 500 kilómetros de tuberías obsoletas.
La tecnología y la eficiencia son tan relevantes como los recursos económicos. Las tuberías en mal estado generan pérdidas de hasta el 40% del agua potable captada en muchas zonas del país. Atender ese frente es tan prioritario como construir nueva infraestructura.
El dato de fondo es alentador: entre junio de 2024 y marzo de 2026, México ha logrado recuperar agua en el 94% de su territorio, después de varios años de sequía generalizada. El reto ahora es consolidar ese avance con inversión sostenida.
Reflexión final
La infraestructura hidráulica es un pilar de la prosperidad compartida. No solo evita tragedias, sino que democratiza el acceso a un recurso esencial y reduce desigualdades regionales. Las obras anunciadas representan una oportunidad para transitar de una política reactiva a una preventiva.
El modelo que elija México para gestionar su agua definirá su capacidad para enfrentar la crisis climática y construir desarrollo con justicia territorial. La cifra de 12 mil millones de pesos es el comienzo de una ruta que debe mantenerse y ampliarse. La resiliencia hídrica no se decreta: se construye con planificación, voluntad política y visión de largo plazo.
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