Hace más de medio siglo, Marshall McLuhan formuló una de las ideas más influyentes de la teoría de la comunicación: “el medio es el mensaje”. Su advertencia era profunda: una tecnología no solamente transporta información; termina modificando la manera en que pensamos, nos relacionamos y construimos sociedad.

Hoy esa reflexión adquiere una dimensión política que McLuhan difícilmente habría podido imaginar.

La nueva plaza pública ya no está solamente en las calles, en los congresos, en los periódicos o en las universidades. Está en servidores, centros de datos, algoritmos y plataformas digitales capaces de decidir qué vemos, qué ignoramos, qué conversación se amplifica y cuál desaparece.

Ahí se juega una parte creciente de la democracia.

Y, sin embargo, gran parte de esa plaza pública contemporánea pertenece a empresas privadas extranjeras.

México debe comenzar a discutir seriamente si puede existir soberanía política sin soberanía digital.

Los datos deben pertenecer a las personas

Durante mi participación en el Foro Nacional para Redes más Humanas, en la Cámara de Diputados, planteé un principio que considero fundamental: los datos deben ser de las personas.

No debería ser necesario leer cuarenta páginas de términos y condiciones para entender qué hará una empresa con nuestra identidad, ubicación, fotografías, preferencias o comportamiento.

El consentimiento tiene que ser sencillo, comprensible y verdaderamente libre.

La discusión no es menor.

Nuestros datos cuentan dónde vivimos, qué consumimos, qué pensamos, qué buscamos, qué lugares visitamos, con quién hablamos y, cada vez más, qué deseamos.

Durante siglos, las naciones defendieron territorios, puertos, minerales, petróleo, electricidad y comunicaciones porque comprendieron que determinados recursos eran estratégicos.

En el siglo XXI debemos incorporar otro: los datos.

“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”.

Si la soberanía reside en el pueblo, la soberanía digital también debe comenzar en la persona.

Eso significa algo muy concreto: el ciudadano debe poder saber qué información existe sobre él, quién puede utilizarla, durante cuánto tiempo, para qué propósito y con quién puede compartirse.

Las leyes mexicanas de protección de datos reconocen derechos relacionados con la privacidad y la autodeterminación informativa.

La revolución pendiente consiste en convertir esos principios jurídicos en arquitectura tecnológica cotidiana.

México necesita una red social pública

Propongo abrir una discusión que hasta hace algunos años habría parecido innecesaria: México debería desarrollar una red social pública nacional.

Hablo de una infraestructura digital pública, concebida como una plaza cívica mexicana: voluntaria, plural, abierta, interoperable y protegida constitucionalmente.

Así como existen carreteras públicas por las que circulan empresas privadas; universidades públicas donde conviven pensamientos distintos; plazas públicas en las que nadie pregunta nuestra filiación política antes de permitirnos hablar, también puede existir infraestructura digital cuyo objetivo fundamental no sea vender nuestra atención.

Una plataforma donde el ciudadano sea usuario, pero también titular de sus datos.

El Estado sería garante de la infraestructura y de las reglas, no propietario de nuestras ideas.

Rousseau sostenía que el fundamento de la autoridad legítima descansaba en el pacto social.

Tres siglos después necesitamos comenzar a discutir un nuevo pacto social digital.

Porque hoy aceptamos contratos que jamás negociamos con corporaciones capaces de conocer aspectos de nuestra vida que incluso desconocen muchas instituciones públicas.

Servidores mexicanos para una soberanía mexicana

La soberanía digital necesita territorio digital.

Por ello propongo que México cuente con servidores nacionales y con infraestructura soberana capaz de resguardar información estratégica dentro del país.

Esta idea ya no parte de cero.

El Programa Sectorial de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones 2025-2030 contempla una nube de gobierno, centros de datos regionales, servicios digitales compartidos y el fortalecimiento de la soberanía de datos.

Tenemos, por tanto, una base institucional.

El siguiente paso podría ser mucho más ambicioso.

Los centros de datos críticos de una infraestructura social mexicana podrían localizarse en instalaciones federales de máxima seguridad, con redundancia geográfica y resguardo físico especializado.

Incluso podría contemplarse la participación de las Fuerzas Armadas en la protección física y estratégica de determinados nodos críticos, considerándolos infraestructura estratégica para la seguridad nacional.

Pero aquí debe existir una frontera infranqueable:

Resguardar servidores no significa tener acceso irrestricto a su contenido.

La administración de datos personales tendría que permanecer sometida a legislación civil, controles judiciales, auditorías técnicas, trazabilidad de accesos y estrictos sistemas criptográficos.

Ninguna dependencia, autoridad, empresa o institución militar debería poder consultar información privada simplemente porque técnicamente puede hacerlo.

La seguridad nacional debe proteger la infraestructura. La Constitución debe proteger al ciudadano.

Rectoría del Estado no significa propiedad del Estado

Hablar de rectoría estatal puede generar temor si el concepto no se explica correctamente.

Rectoría no significa que el gobierno deba controlar toda la economía digital.

Significa que existen espacios estratégicos donde el Estado no puede reducirse a espectador.

Necesitamos un modelo en el que personas, empresas y gobierno puedan intercambiar información bajo reglas públicas, estándares interoperables y consentimiento verificable.

Imaginemos una bóveda digital personal.

El ciudadano podría autorizar temporalmente que determinada institución consulte un dato específico: una universidad puede verificar un certificado; un hospital, información necesaria para prestarle atención; una institución financiera, determinados datos; el gobierno, únicamente aquello permitido por la legislación.

No entregaríamos nuestra vida digital completa.

Compartiríamos el dato mínimo necesario para una finalidad determinada.

Y podríamos retirar posteriormente esa autorización cuando jurídicamente proceda.

La información podría circular. El poder sobre ella seguiría perteneciendo a la persona.

La iniciativa privada tendría un papel fundamental en este ecosistema desarrollando aplicaciones, inteligencia artificial, servicios, soluciones empresariales e innovación.

Pero las reglas fundamentales de nuestra identidad digital no deberían escribirse exclusivamente en consejos de administración ubicados fuera del país.

Una red donde una persona vuelva a valer más que diez mil bots

Existe otro problema que está deteriorando aceleradamente la conversación pública: la industrialización de la identidad falsa.

Miles de cuentas pueden aparentar indignación, entusiasmo o consenso donde quizá solamente existe un programa informático.

Así se fabrican tendencias.

Se distorsiona la percepción de la realidad.

Se intoxica el debate público.

Y eventualmente se puede alterar el funcionamiento de una democracia.

Una red pública mexicana debería partir de un principio sencillo:

Las personas deben saber cuándo están hablando con una persona y cuándo están interactuando con una máquina.

No significa eliminar toda automatización.

Un bot que informa sobre actividad sísmica, clima, tránsito o servicios públicos puede ser extraordinariamente útil.

Lo que debe combatirse es la suplantación automatizada de seres humanos, las granjas coordinadas de cuentas falsas y la amplificación artificial destinada a simular apoyo social.

La plataforma podría incorporar credenciales criptográficas de prueba de humanidad, sin obligar a que el nombre real de una persona sea público.

Esto es fundamental.

Eliminar bots no debe convertirse en eliminar anonimato, pseudónimos, sátira o disidencia.

Una democracia necesita saber que detrás de una voz existe una persona; no necesariamente necesita conocer públicamente su nombre.

Las cuentas automatizadas legítimas deberían portar una identificación visible:

BOT / CUENTA AUTOMATIZADA

Y ninguna cuenta automatizada debería poder hacerse pasar deliberadamente por un ciudadano.

Volveríamos así a una regla elemental de la democracia: una persona debe pesar por su argumento, no por su capacidad de comprar diez mil identidades artificiales.

También debemos democratizar el algoritmo

Eliminar bots sería insuficiente si seguimos sin conocer quién decide lo que vemos.

Los algoritmos son los nuevos editores invisibles de la humanidad.

Marshall McLuhan decía que el medio era el mensaje. Hoy podríamos añadir que el algoritmo también es parte del mensaje.

Una red soberana debería permitir elegir entre diferentes formas de ordenar el contenido: cronológica, temática, personalizada o comunitaria.

Debería explicar por qué recomienda determinadas publicaciones.

Debería ofrecer transparencia sobre los criterios generales de moderación.

Y una parte significativa de su código debería ser abierta y auditable por universidades, especialistas, organizaciones civiles y desarrolladores independientes.

La democracia del futuro no puede depender de una caja negra.

Blockchain sí, pero utilizada correctamente

También he planteado utilizar tecnología blockchain para aportar seguridad, integridad y trazabilidad a esta infraestructura.

Pero debemos precisar su aplicación.

No deberíamos almacenar permanentemente nuestros datos personales directamente en una cadena de bloques.

La inmutabilidad de blockchain puede entrar en conflicto precisamente con el derecho de una persona a modificar o eliminar determinada información.

Blockchain sería mucho más útil como bitácora de integridad y auditoría.

Podría registrar, mediante pruebas criptográficas, que una autorización existió, que un documento no fue manipulado o que determinado acceso ocurrió, sin colocar necesariamente el dato personal completo dentro de una cadena permanente.

Los datos sensibles permanecerían cifrados en sistemas diseñados específicamente para proteger privacidad, rectificación y eliminación.

La tecnología debe adaptarse a los derechos. Nunca los derechos a la tecnología.

La alternativa no es aislarnos del mundo

Defender soberanía digital no significa construir una muralla alrededor de internet.

México debe seguir conectado con Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia y con las grandes plataformas globales.

Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube y las plataformas que aparecerán en el futuro pueden continuar compitiendo, innovando e interactuando con nuestra sociedad.

La propuesta es diferente:

México debe tener también una alternativa propia.

Cuando una nación solamente puede comunicarse mediante infraestructuras que no controla, almacenar información en servidores que no gobierna y conversar mediante algoritmos que no puede auditar, su soberanía se vuelve incompleta.

Benito Juárez dejó una frase que México ha repetido durante generaciones:

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Tal vez ha llegado el momento de trasladar ese principio al mundo digital.

Que las empresas respeten los derechos de las personas.

Que el gobierno respete la privacidad de los ciudadanos.

Que las personas conozcan cuándo hablan con una máquina.

Que los algoritmos respeten nuestra libertad de elegir.

Que la innovación privada conviva con la rectoría pública.

Y que los datos mexicanos dejen de ser simplemente una materia prima extraída silenciosamente de millones de ciudadanos.

Durante siglos defendimos nuestra tierra.

Después defendimos nuestros recursos naturales.

Más tarde defendimos nuestra energía y nuestras telecomunicaciones.

Ahora debemos comprender que existe un nuevo territorio.

No aparece en los mapas.

No tiene fronteras visibles.

Está construido con información, código, servidores, inteligencia artificial y algoritmos.

Y ahí también vive una parte de nuestra libertad.

La próxima gran discusión sobre soberanía mexicana no ocurrirá solamente sobre nuestro territorio. Ocurrirá dentro de nuestros datos.

Y cuando llegue ese momento, el principio debe ser inequívoco:

Nuestros datos, nuestra identidad y nuestra voz deben seguir perteneciendo a nosotros.

Porque una red verdaderamente humana comienza cuando la tecnología vuelve a estar al servicio de la persona.

Y una red verdaderamente soberana comienza cuando México tiene la capacidad de decidir, por sí mismo, cómo protegerla.