La Secretaría de Economía, la OIT y la ONU inician la consulta pública de la PNDHE con cinco sesiones entre junio y agosto de 2026.
México da un paso concreto hacia la regulación de la conducta empresarial en materia de derechos humanos. El 24 de junio de 2026, la Secretaría de Economía, con apoyo técnico de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dio inicio a la consulta pública de la Política Nacional de Derechos Humanos y Empresas (PNDHE). El proceso es abierto y participativo. Busca construir un marco que equilibre crecimiento económico, actividad empresarial responsable y protección efectiva de los derechos humanos.
Qué es la PNDHE y por qué importa
La PNDHE es el instrumento mediante el cual el Estado mexicano busca articular tres compromisos fundamentales: su propio deber de proteger los derechos humanos, la responsabilidad de las empresas de respetarlos y el acceso de las personas a mecanismos efectivos de reparación cuando estos sean vulnerados. El marco de referencia son los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Dos conceptos estructuran la política: la debida diligencia en materia de derechos humanos (HRDD) y la conducta empresarial responsable (RBC). Ambos implican que las empresas no solo deben evitar causar daño, sino también identificar, prevenir y mitigar riesgos en sus cadenas de valor. Este estándar es ya una exigencia en mercados clave para México como la Unión Europea y Estados Unidos.
La política se alinea con los objetivos del Plan México y su visión de prosperidad compartida. Reconoce que el desarrollo sostenible requiere condiciones laborales más equitativas, reducción de brechas históricas de género y una participación más incluyente en el mercado laboral.
El proceso: cinco sesiones, cuatro meses
La consulta se desarrollará en cinco sesiones en modalidad híbrida —presencial en la OIT, con transmisión simultánea por Zoom y YouTube en vivo— de 12:00 a 15:00 horas. El calendario es el siguiente:
- Apertura: miércoles 24 de junio de 2026
- Segunda sesión: miércoles 8 de julio de 2026
- Tercera sesión: miércoles 22 de julio de 2026
- Cuarta sesión: miércoles 5 de agosto de 2026
- Sesión de cierre: miércoles 19 de agosto de 2026
El proceso es abierto a trabajadores, empleadores, empresas, sindicatos, instituciones académicas, sociedad civil, pueblos indígenas y público en general. Las contribuciones escritas pueden enviarse al correo politica.ddhh@economia.gob.mx. Información adicional disponible en el sitio de la OIT.
El contexto internacional: una tendencia que ya no es opcional
México no actúa en el vacío. La regulación de la conducta empresarial en derechos humanos avanza a nivel global con velocidad creciente. La Unión Europea aprobó en 2024 la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD), que exige a empresas europeas y a sus proveedores internacionales —incluidos los mexicanos— demostrar que sus cadenas de suministro respetan derechos laborales y ambientales.
En ese contexto, la PNDHE no es solo una política de derechos humanos. Es también una respuesta estratégica: los mercados de destino de las exportaciones mexicanas exigen cada vez más evidencia de cumplimiento. Las empresas que no avancen enfrentarán barreras de acceso a mercados internacionales en el corto y mediano plazo.
El acompañamiento técnico se brinda en el marco del proyecto CERALC —Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe—, iniciativa conjunta de la OIT, la OCDE y el ACNUDH, financiada por la Unión Europea.
Lo que se espera del sector privado y la sociedad civil
Una consulta pública es tan valiosa como la calidad de las participaciones que recibe. El reto para México es lograr que el proceso no sea solo un trámite institucional. Se requiere participación activa del sector empresarial —especialmente de medianas y pequeñas empresas en cadenas de suministro globales—, de organizaciones de trabajadores y de comunidades que han enfrentado impactos negativos de la actividad económica.
La PNDHE no debe ser un instrumento declarativo. Debe traducirse en mecanismos verificables, con indicadores de seguimiento y responsabilidades claras. La sociedad civil organizada tiene un papel determinante en lograrlo.
Cierre editorial
México tiene una oportunidad de posicionarse como referente regional en la articulación entre competitividad empresarial y derechos humanos. La consulta pública de la PNDHE es el primer paso de un proceso que, si se desarrolla con rigor y participación genuina, puede producir una política pública de alto impacto estructural.
La pregunta no es si México necesita esta política. La pregunta es si los actores involucrados —gobierno, empresas, trabajadores y sociedad civil— están dispuestos a construirla con la seriedad que el momento exige. El calendario está abierto hasta el 19 de agosto. El espacio de participación también.
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