9 de septiembre de 2026
Derechos Humanos · México
Afromexicanos exigen pasar del reconocimiento a los derechos
Legisladores afrodescendientes llamaron a combatir el racismo estructural y avanzar en la Ley General que deberá convertir el reconocimiento constitucional en derechos efectivos.
El reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos abrió una nueva etapa en México, pero la igualdad jurídica todavía enfrenta el desafío de convertirse en derechos efectivos. Legisladores afrodescendientes de distintas fuerzas políticas hicieron un llamado desde el Congreso a combatir el racismo, la discriminación y la exclusión que persisten en el país, al tiempo que plantearon avanzar en la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. La discusión ocurre después de una reforma constitucional que fortaleció el reconocimiento de estas comunidades como sujetos de derecho público y en momentos en que México prepara una legislación destinada a desarrollar esos derechos.
Pueblos afromexicanos colocan el racismo en la agenda
Por primera vez desde que Naciones Unidas estableció el Día Internacional de los Afrodescendientes, seis integrantes de la Cámara de Diputados que se reconocen como afrodescendientes conmemoraron la fecha desde el Congreso mexicano.
El encuentro trascendió el carácter simbólico de la efeméride. Representantes de distintas fuerzas políticas coincidieron en la necesidad de enfrentar formas de discriminación que continúan afectando a las comunidades afrodescendientes y de traducir el reconocimiento constitucional en políticas públicas y garantías concretas.
La diputada Rosa María Castro Salinas planteó que México debe responder a los objetivos del Segundo Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes 2025-2034, cuyo eje se concentra en reconocimiento, justicia y desarrollo.
3.1 millones se reconocen como afrodescendientes
Durante los posicionamientos legislativos se recordó que alrededor de 3.1 millones de personas en México se autorreconocen como afrodescendientes.
Su presencia no se concentra exclusivamente en una región. Comunidades y población afromexicana se encuentran en entidades como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Puebla e Hidalgo, además de estados del norte del país.
Esta dimensión nacional contrasta con décadas de escasa visibilidad estadística, política e institucional. El reconocimiento de la población afrodescendiente en censos y registros públicos se convirtió por ello en una parte fundamental del proceso de reconocimiento de sus derechos.
El racismo persiste pese al reconocimiento constitucional
Los datos expuestos en el Congreso muestran que el reconocimiento jurídico no ha eliminado las prácticas discriminatorias.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Discriminación citadas durante la discusión legislativa, 45% de las personas afrodescendientes manifiesta sentirse discriminada.
También se señaló que una proporción de la población reconoce mantener prejuicios relacionados con el color de piel, incluso en decisiones cotidianas como el acceso a una vivienda.
El problema, advirtieron los legisladores, no se reduce a expresiones individuales. El desafío incluye formas estructurales de exclusión que pueden reflejarse en el acceso a oportunidades, representación política, educación, justicia y servicios públicos.
México fortaleció los derechos de los pueblos afromexicanos
El marco jurídico ha registrado cambios importantes durante los últimos años.
En 2019, la Constitución reconoció expresamente a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la Nación.
La reforma constitucional de 2024 dio un paso adicional al reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El texto constitucional también establece obligaciones para que Federación, estados y municipios adopten medidas dirigidas a eliminar la discriminación, el racismo, la exclusión y la invisibilidad.
El desafío actual consiste en desarrollar esos principios mediante legislación secundaria, instituciones, presupuesto y mecanismos capaces de hacer efectivos los derechos reconocidos.
Una Ley General busca convertir derechos en realidad
En ese contexto avanza la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El Gobierno de México inició un proceso de consulta de la propuesta con 16 mil 728 comunidades correspondientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano.
La iniciativa busca desarrollar las bases para ejercer los derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional, entre ellos personalidad jurídica, autonomía, participación, protección de la identidad cultural y mecanismos contra la discriminación y el racismo.
De acuerdo con la ruta anunciada por el Ejecutivo federal, una vez concluido el proceso de consulta, está previsto que la iniciativa sea enviada a la Cámara de Diputados el 12 de octubre, en el marco del Día de la Nación Pluricultural.
De Vicente Guerrero a una deuda todavía vigente
Durante los posicionamientos legislativos también apareció la dimensión histórica de la presencia africana en México.
Los diputados recordaron figuras como Vicente Guerrero, quien decretó la abolición de la esclavitud en 1829, y Gaspar Yanga, símbolo de resistencia de las comunidades afrodescendientes durante el periodo colonial.
Esa memoria permite ampliar la discusión. La presencia africana no constituye un elemento periférico de la historia nacional, sino una de las raíces que contribuyeron a la construcción social, cultural y política de México.
Visibilizarla implica también revisar la manera en que la historia nacional ha representado durante generaciones a las comunidades afromexicanas.
Cierre editorial
Del reconocimiento a los derechos efectivos
México ha avanzado de manera significativa en el reconocimiento jurídico de los pueblos afromexicanos. La Constitución reconoce hoy derechos que durante décadas permanecieron fuera del centro de la arquitectura institucional.
Sin embargo, el reconocimiento constitucional representa un punto de partida y no el final del proceso.
Las cifras sobre discriminación muestran que las transformaciones jurídicas deben acompañarse de cambios institucionales, educativos y culturales capaces de modificar prácticas que continúan reproduciendo desigualdad.
La futura Ley General será, por ello, una prueba relevante. Su alcance deberá medirse no solamente por el contenido de sus disposiciones, sino por su capacidad para convertir derechos constitucionales en condiciones reales de igualdad, participación y desarrollo.
La discusión abierta en el Congreso coloca una pregunta de fondo para el Estado mexicano: después del reconocimiento, ¿cómo garantizar que millones de personas afromexicanas puedan ejercer plenamente los derechos que la Constitución ya les reconoce?