A 20 años de la represión, el Plan de Justicia devuelve 54 hectáreas al ejido y sienta las bases para la prosperidad compartida
A dos décadas de los hechos ocurridos en San Salvador Atenco, el Gobierno de México ha dado un paso estratégico en materia de justicia social y desarrollo territorial. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la restitución de 54.5 hectáreas de tierras ejidales, como parte de una política de reparación del daño y construcción de paz. Este acto no solo atiende una demanda histórica, sino que se inscribe en una visión más amplia: vincular la justicia con el desarrollo nacional, la soberanía alimentaria y el bienestar comunitario. La medida representa un parteaguas en la relación entre el Estado y las comunidades rurales.
Contexto: una herida abierta desde 2006
El 3 y 4 de mayo de 2006, San Salvador Atenco fue escenario de una de las represiones más brutales de la historia reciente de México. Pobladores que se oponían a la construcción de un aeropuerto en Texcoco fueron violentados por fuerzas estatales y federales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó dos muertos, más de 200 detenciones arbitrarias y al menos 11 violaciones sexuales contra mujeres. Durante 20 años, las comunidades exigieron justicia y la devolución de sus tierras. El antecedente inmediato fue el intento de imponer un megaproyecto aeroportuario sobre terrenos agrícolas de alto valor ecológico y productivo.
El Plan de Justicia: más que tierras, dignidad
La restitución de 54.5 hectáreas (81 parcelas) se suma a 186 hectáreas entregadas en una primera fase, completando 240.5 hectáreas recuperadas para el ejido de Atenco. El Plan de Justicia incluye también la Declaratoria del Lago de Texcoco como Área Natural Protegida, la construcción del Hospital General “Francisco Altamirano Núñez” del IMSS-Bienestar y una sede de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”. Estas acciones reflejan un enfoque integral: la justicia no puede limitarse a lo penal, sino que debe abarcar reparación territorial, acceso a salud, educación y protección ambiental. En palabras de la presidenta: “Donde hubo despojo, hoy hay restitución de tierras”.
Vínculo con el Plan México y la prosperidad compartida
La estrategia de restitución territorial se alinea con el Plan México, cuyo objetivo es construir un desarrollo económico equitativo y sustentable. La recuperación de tierras para uso agrícola fortalece la soberanía alimentaria, una de las metas prioritarias del actual sexenio. Asimismo, la creación de infraestructura educativa y sanitaria en zonas rurales contribuye a cerrar brechas históricas de desigualdad. Este enfoque demuestra que la justicia social es condición indispensable para la prosperidad compartida, no un tema aislado. Las comunidades que recuperan su territorio y acceden a servicios básicos pueden integrarse productivamente al desarrollo nacional.
Desafíos y oportunidades estructurales
A pesar de los avances, persisten retos significativos. Organizaciones como el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra han señalado que aún no hay responsables encarcelados por los crímenes de 2006. La justicia penal sigue siendo una asignatura pendiente. No obstante, el Plan de Justicia ha abierto una ventana de diálogo y reparación sin precedentes. La experiencia de Atenco puede convertirse en un modelo replicable en otras regiones del país donde existen conflictos agrarios y violaciones a derechos humanos. La apuesta por la reconciliación y el desarrollo inclusivo requiere mantener mesas de trabajo permanentes entre gobierno y comunidades, así como inversión continua en proyectos productivos.
La restitución de tierras en Atenco es un acto de justicia y una decisión estratégica para la estabilidad y el desarrollo de México. Muestra que es posible transitar de la represión a la reparación, del despojo a la devolución, de la exclusión a la inclusión productiva. El camino hacia la paz duradera no se construye solo con leyes, sino con dignidad recuperada, tierra trabajada y comunidades escuchadas. Oxígeno Puro considera que este tipo de políticas sientan las bases para un país más justo y próspero. Es momento de consolidar estos mecanismos de reparación y convertirlos en política de Estado permanente.
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