La Presidenta solicitó explicar la participación de la hermana de Emilio Lozoya en la compra a sobreprecio de Agronitrogenados y el incumplimiento de pago de Alonso Ancira, de acuerdo con información de Expansión Política.
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que informe con detalle la participación de Gilda Susana Lozoya, hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, en el fraude por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados, según reportó Expansión Política. La mandataria también solicitó explicar el incumplimiento del acuerdo reparatorio por parte del empresario Alonso Ancira, quien no ha liquidado los más de 216 millones de dólares pactados con Pemex. Sheinbaum adelantó que su administración presentará en próximos días un informe completo sobre cómo ocurrió el fraude a Petróleos Mexicanos y a la nación.
La detención de Gilda Lozoya y las acusaciones en su contra
Gilda Susana Lozoya fue detenida el 2 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en 2020 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con información de la FGR retomada por Expansión Política. La Fiscalía la señala como presunta beneficiaria de Tochos Holding Limited, una firma a la que habrían llegado recursos de Altos Hornos de México (AHMSA) y que habría sido usada en una triangulación financiera sin justificación económica válida.
De acuerdo con las investigaciones, Gilda Lozoya habría recibido en 2012 tres millones 400 mil dólares de AHMSA y Alonso Ancira, para que en 2013 su hermano, como director de Pemex, asegurara la compra a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados. Se presume que el dinero fue depositado en una cuenta en Suiza y luego triangularizado a México para adquirir una casa en la capital por 2.5 millones de dólares.
Sheinbaum descarta persecución política
Ante las declaraciones de Gilda Lozoya, quien calificó su detención como un asunto político, la Presidenta fue enfática: “No tiene nada que ver con un asunto político”, según reportó Expansión Política. Sheinbaum aseguró que la fiscal general Ernestina Godoy le informó que “hay pruebas de su participación en el fraude de Agronitrogenados”. Incluso reveló que su administración no fue informada de la detención hasta que se concretó.
El incumplimiento de Alonso Ancira
La Presidenta también solicitó a la FGR aclarar si Alonso Ancira, exdueño de AHMSA, ha cumplido con el acuerdo reparatorio firmado con Pemex, de acuerdo con la información publicada por Expansión Política. Ancira se comprometió a pagar 216 millones 664 mil 40 dólares en tres exhibiciones, pero solo cubrió 50 millones en 2021 y 54 millones en 2022. El tercer pago, de 112 millones, programado para noviembre de 2023, sigue pendiente. Ante el incumplimiento, la FGR reactivó el proceso penal en su contra.
El fraude de Agronitrogenados
El caso se originó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Emilio Lozoya, entonces director de Pemex, propuso comprar la planta de Agronitrogenados. La planta, valuada en 58 millones de dólares, fue adquirida por 275 millones de dólares, es decir, un sobreprecio de más de 200 millones. La FGR sostiene que Emilio Lozoya recibió 3.4 millones de dólares de la empresa de Ancira mediante cuentas en el extranjero, según la información retomada por Expansión Política.
Cierre editorial
La solicitud de la presidenta Sheinbaum a la FGR para detallar la participación de Gilda Lozoya y el incumplimiento de Alonso Ancira en el caso Agronitrogenados subraya el compromiso de su administración con la transparencia y el combate a la corrupción. La mandataria ha dejado claro que este no es un tema político, sino una investigación que debe seguir su curso con apego a la ley, de acuerdo con la información publicada por Expansión Política.
El caso, que involucra a la familia del exdirector de Pemex y a un empresario que aún no repara el daño causado al erario, es un recordatorio de que la impunidad no puede ser tolerada. México necesita que estos procesos lleguen a su fin con justicia y rendición de cuentas, enviando una señal clara de que los recursos públicos no están al servicio de intereses particulares.
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