Ramírez Cuéllar respalda las conclusiones del Comité Científico y subraya la necesidad de evaluar el fracking con base en evidencia y protección del agua.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar expresó su respaldo a una estrategia que permita evaluar el aprovechamiento de los recursos de gas natural no convencional con criterios científicos, ambientales y técnicos, al considerar que México debe fortalecer su soberanía energética, reducir su dependencia de las importaciones y desarrollar capacidades tecnológicas propias[1]. En este sentido, el legislador coincidió con las conclusiones presentadas el pasado 6 de agosto por el Comité Científico, particularmente en la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el aprovechamiento responsable de los recursos naturales[2]. “El agua es un tema fundamental. Antes de pensar en cualquier aprovechamiento de los recursos no convencionales tenemos que conocer con precisión su disponibilidad, las condiciones de los acuíferos y asegurar que no se ponga en riesgo este recurso”, señaló[3].
Un diagnóstico que exige acción: la dependencia del 75%
El Comité Científico sobre Soberanía Energética y Yacimientos de Gas Natural no Convencional, integrado por 54 especialistas, presentó un diagnóstico contundente: México consume 9,100 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, pero el 75% de ese volumen proviene de importaciones de Estados Unidos[4][5]. Esta dependencia, que ha crecido de manera sostenida desde 2010 (cuando era del 21%), expone al país a vulnerabilidades en precios y suministro ante crisis internacionales[6]. El gas natural es el principal combustible para la generación eléctrica, ya que el 58% del consumo se destina a este sector[7], lo que hace que la seguridad energética sea también un tema de seguridad nacional.
Las recomendaciones del Comité: agua salada, consulta y prohibición en Tampico-Misantla
El Comité Científico emitió 10 conclusiones clave para orientar la política energética[8]. Entre las más relevantes destaca que el fracturamiento hidráulico deberá emplear exclusivamente agua salada profunda que se encuentre desconectada hidráulicamente de los acuíferos de agua dulce destinados al consumo humano y agrícola[9]. Además, se contempla la obligación de reciclar al menos el 75% del agua utilizada y monitorear de forma sistemática su calidad[10].
El informe también determinó la prohibición total de actividades de extracción por fracturamiento hidráulico en la cuenca de Tampico-Misantla debido a sus altos riesgos socioambientales y su densidad poblacional[11][12]. En contraste, recomendó evaluar proyectos en las cuencas del norte —Sabinas-Burro-Picachos y Burgos— bajo estrictos protocolos hidrogeológicos[13].
Ramírez Cuéllar coincidió plenamente con estas conclusiones. “Tampico-Misantla tiene recursos importantes de gas, pero eso no significa que debamos avanzar de inmediato hacia su explotación. Tenemos que atender lo que ha señalado el Comité Científico y evaluar las condiciones de la región. Si existen restricciones ambientales o de disponibilidad de agua, deben respetarse”.
El foro del 29 de julio: un espacio para el diálogo multidisciplinario
El pasado 29 de julio, Ramírez Cuéllar organizó en la Cámara de Diputados el foro “Una aproximación multidisciplinaria al fracturamiento hidráulico”[14]. El encuentro reunió a especialistas en tres mesas de trabajo: potencial geológico y retos técnicos; marco regulatorio, régimen fiscal e instrumentos financieros; e impactos ambientales, sociales y económicos[15]. El legislador subrayó que “las políticas públicas no pueden construirse solo desde una perspectiva técnica, económica o ambiental aislada; requieren integrar todas estas dimensiones”[16]. Las conclusiones del foro servirán como insumo para iniciativas de ley y discusiones presupuestales en materia energética[17].
Soberanía energética: diversificación y transición
Ramírez Cuéllar sostuvo que la discusión sobre el gas no convencional forma parte de un objetivo más amplio: alcanzar la soberanía energética y reducir la dependencia de las importaciones. “No podemos seguir dependiendo de las importaciones para cubrir nuestro consumo de gas natural; necesitamos una estrategia que garantice la seguridad energética del país”. Sin embargo, insistió en que “la soberanía energética no significa depender de una sola fuente, sino construir una matriz energética diversificada que nos dé mayor autonomía frente a los mercados internacionales”. El Comité proyectó que, incluso con un despliegue masivo de energías renovables, México mantendrá un déficit estructural de gas[18], por lo que la producción nacional —convencional y no convencional— será necesaria para reducir la dependencia al 50%[19].
Fortalecer la proveeduría local y el desarrollo regional
El legislador coincidió con el Comité en la importancia de fortalecer la proveeduría local y nacional vinculada al sector energético. “Tenemos que generar empleo y actividad económica en las regiones; no se trata únicamente de aprovechar los recursos naturales”. México cuenta con reservas no convencionales estimadas en 141.5 billones de pies cúbicos, principalmente en el norte del país[20], lo que representa una oportunidad para detonar proyectos productivos, siempre que se garantice rentabilidad social, transparencia y cumplimiento ambiental[21].
🔗 Recursos externos de interés:
- Secretaría de Energía (SENER)
- Petróleos Mexicanos (Pemex)
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
- Plan México
- Agencia Internacional de Energía (IEA)
Cierre editorial
Las conclusiones del Comité Científico y el foro organizado por Ramírez Cuéllar marcan un punto de inflexión en el debate sobre el futuro energético de México. La prohibición del fracking en Tampico-Misantla y las estrictas condiciones para las cuencas del norte —agua salada, reciclaje y consulta pública— demuestran que es posible conciliar la soberanía energética con la responsabilidad ambiental. El camino hacia la reducción de la dependencia del gas importado no será fácil, pero la evidencia científica y el diálogo multidisciplinario ofrecen una ruta clara. México tiene la oportunidad de construir una política energética que, sin renunciar a sus recursos, proteja el agua, las comunidades y el medio ambiente para las generaciones futuras.
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