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Ramírez Cuéllar exige investigar la “estafa regia”
Alfonso Ramírez Cuéllar exige investigar la “estafa regia” tras reportes de la ASF sobre presuntas transferencias de recursos en Nuevo León.
CDMX, 1 de noviembre de 2026.
En breve
- La ASF habría presentado el 16 de octubre una denuncia por presuntas operaciones superiores a 7,200 millones de pesos en Nuevo León.
- Reportes de fiscalización refieren 928.13 millones de pesos dirigidos presuntamente a un despacho vinculado con la familia de Samuel García.
- Alfonso Ramírez Cuéllar solicitó investigar la ruta de los recursos y planteó reformas sobre fuero y juicio político.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar pidió investigar a fondo el caso que denomina “estafa regia”, después de que se difundiera una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones presuntamente irregulares relacionadas con recursos del gobierno de Nuevo León. De acuerdo con los reportes de la fiscalización, la indagatoria abarca movimientos superiores a 7 mil 200 millones de pesos y señala que parte de esos fondos habría llegado, mediante empresas intermediarias, a un despacho jurídico vinculado con la familia del gobernador Samuel García. Los hechos denunciados todavía requieren investigación ministerial y no constituyen, por sí solos, una determinación de responsabilidad penal.
La “estafa regia” y las transferencias bajo investigación
Ramírez Cuéllar sostuvo en un boletín del 1 de noviembre que el caso de la “estafa regia” exige esclarecer el destino de recursos públicos. Atribuyó a la ASF la identificación de cuatro rutas de transferencias mediante empresas que habrían canalizado 928.13 millones de pesos a un despacho relacionado con el gobernador Samuel García y su padre.
La Jornada informó el 31 de octubre que la denuncia fue presentada el 16 de octubre de 2026, según un listado de la Auditoría, y que el organismo describió patrones de triangulación y simulación de operaciones. El importe global reportado supera los 7 mil 200 millones de pesos, pero esa cantidad no debe confundirse con los 928.13 millones señalados como transferencias hacia el despacho.
El señalamiento constituye materia de investigación. No equivale a una sentencia, ni demuestra que cada operación identificada tenga carácter ilícito o que las personas mencionadas hayan cometido un delito.
Qué solicitó Alfonso Ramírez Cuéllar sobre Nuevo León
El legislador afirmó que desde octubre de 2025 había advertido sobre posibles esquemas de facturación falsa vinculados con la administración estatal. También señaló que el 29 de julio de 2026 presentó un punto de acuerdo para solicitar una auditoría integral de los recursos federales transferidos a Nuevo León, especialmente en servicios y obra pública.
Según su comunicado, la Comisión Permanente aprobó esa solicitud el 19 de agosto. Ramírez Cuéllar pidió a la Fiscalía reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y determinar si existen conductas sancionables. La confirmación documental independiente de cada trámite legislativo queda diferenciada de lo informado por su oficina.
El diputado reclamó investigaciones rápidas e independientes, sin privilegios para funcionarios o particulares. Sus afirmaciones son posicionamientos políticos que deben leerse por separado de los resultados formales de la fiscalización.
Reforma al fuero y al juicio político
Ramírez Cuéllar informó que el 30 de octubre presentó una iniciativa de reforma al artículo 109 constitucional orientada a revisar el fuero y fortalecer los procedimientos de juicio político. La propuesta, de acuerdo con su boletín, busca evitar que ciertos recursos judiciales impidan la ejecución de sanciones.
El legislador sostuvo que el diseño de la reforma debe preservar el derecho de defensa y el control constitucional. La presentación, el contenido definitivo y el estado parlamentario de la iniciativa deberán comprobarse en los registros de la Cámara de Diputados antes de describirla como una modificación legal aprobada.
En paralelo, afirmó que promueve cambios para combatir la facturación falsa y mejorar la trazabilidad de pagos a proveedores del sector público. Estas propuestas no implican que las conductas investigadas en Nuevo León estén ya demostradas.
Lo que falta esclarecer en la investigación
Entre las cuestiones pendientes están la identificación de las empresas participantes, la naturaleza de los contratos, el origen de los recursos, los beneficiarios finales y la evidencia de que cada movimiento constituyó un daño al erario. La FGR deberá determinar lo que proceda conforme a sus atribuciones.
La información disponible tampoco permite presentar una imputación individual o una resolución judicial definitiva contra Samuel García. Se requiere conocer la respuesta actualizada del gobierno de Nuevo León y revisar directamente los expedientes o informes de la ASF que sustenten las cantidades difundidas.
La exigencia de rendición de cuentas es compatible con la presunción de inocencia: corresponde investigar las operaciones, transparentar resultados y distinguir las observaciones financieras de responsabilidades penales firmes.
Cierre editorial
El caso abre una prueba institucional: transformar los señalamientos públicos en una investigación documentada, con acceso a información, derecho de defensa y resultados verificables. La denuncia y los montos difundidos justifican escrutinio, pero no sustituyen las conclusiones de la autoridad competente.
Fuentes
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