Washington sanciona a nueve entidades estatales y tres funcionarios del ICAP. La OFAC incluyó a empresas de níquel, metales y construcción en la lista SDN.
El gobierno de Estados Unidos amplió este jueves 20 de agosto su régimen de sanciones contra Cuba al incluir a nueve entidades estatales y tres funcionarios vinculados al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN)[1]. La nueva ronda de medidas, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio, alcanza al Ministerio de la Construcción, así como a empresas dedicadas a la minería, metalurgia, comercio exterior y transporte[2]. La decisión se fundamenta en la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026[3], que autoriza sanciones contra personas o entidades que operen en sectores clave de la economía cubana.
Nueve entidades sancionadas y el golpe al sector minero
La actualización oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) identifica nueve entidades cubanas añadidas a la lista SDN[4]. Entre ellas destacan la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara, ubicada en Moa, Holguín[5], así como METALCUBA, dedicada a la importación, exportación y comercialización de metales[6], y el Grupo Empresarial Geominero Salinero (Geominsal)[7]. También fueron sancionadas ACINOX Comercial, vinculada a la industria del hierro y acero[8], y el Ministerio de la Construcción de Cuba[9]. Otras entidades incluyen CORATUR S.A., TRANSIMPORT, CONSUMIMPORT y ACOREC[10].
Cuba posee importantes depósitos de cobalto y níquel, minerales estratégicos para la industria tecnológica y de baterías[11]. El sector minero se ha convertido en un objetivo clave de la administración Trump[12], que busca cortar una de las principales fuentes de ingreso de la isla. La Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara es una de las principales productoras de níquel de la región, y su inclusión en la lista SDN restringe severamente su capacidad de operar con empresas y bancos bajo jurisdicción estadounidense.
Sanciones a dirigentes del ICAP y acusaciones de injerencia
Además de las entidades, Washington incluyó en la lista a tres directivos del ICAP: Fernando González Llort, su director; Noemí Rabaza Fernández, vicepresidenta primera; y Leima Martínez Freire, directora para Norteamérica[13]. González Llort es uno de los cinco integrantes de la denominada Red Avispa que fueron condenados en Estados Unidos y posteriormente regresaron a Cuba[14].
El secretario de Estado Marco Rubio justificó las sanciones al acusar al ICAP de organizar una “vasta red subversiva” en territorio estadounidense[15]. “El régimen cubano ha pasado décadas utilizando grupos pantalla para infiltrarse entre los estadounidenses, corromperlos y radicalizarlos”, escribió Rubio en su cuenta de X[16]. El Departamento de Estado afirmó que las nueve entidades sancionadas “sostienen y financian el aparato represivo del régimen” cubano[17].
Advertencia a empresas extranjeras y bancos
La decisión implica una advertencia directa para empresas y personas que mantengan relaciones con los sancionados. “Cualquier persona que apoye, patrocine o proporcione servicios a estos actores sancionados corre el riesgo de ser sancionada ella misma”, afirmó Rubio[18]. El secretario de Estado también pidió a bancos y compañías extranjeras que tengan vínculos con las entidades designadas que actúen para cortar esas relaciones[19], lo que aumenta el riesgo de que las empresas internacionales eviten hacer negocios con Cuba.
La presión de Trump: un cerco económico que se intensifica
Las nuevas designaciones se suman a una estrategia más amplia de Washington para ahogar la economía cubana[20]. La administración Trump mantiene un bloqueo de crudo que ha agravado la crisis económica y humanitaria en la isla[21], y ha amenazado con una intervención militar[22]. En mayo de 2026, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza sanciones contra aquellos considerados “responsables de la represión” en Cuba[23]. Rubio había advertido a principios de agosto que La Habana no tendría una “válvula de escape” frente a la estrategia estadounidense[24].
El rechazo de Cuba y la solidaridad internacional
Cuba ha denunciado de manera reiterada las sanciones de Estados Unidos, acusando a la administración Trump de aplicar una política de “máxima presión”[25] que viola el derecho internacional y busca el cambio de régimen en la isla[26]. La comunidad internacional, incluyendo a México, ha expresado su rechazo al bloqueo y ha llamado al diálogo. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura de defensa de la soberanía cubana y de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales.
🔗 Recursos externos de interés:
- OFAC – Oficina de Control de Activos Extranjeros
- Departamento de Estado de EE.UU.
- Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
- Secretaría de Relaciones Exteriores – México
- Al Jazeera – Cobertura del anuncio
Cierre editorial
El endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba, que ahora incluyen al sector minero y a los metales, representa un nuevo golpe a la economía de la isla y un intento de Washington por aislar al gobierno de Miguel Díaz-Canel. La inclusión de la Empresa de Níquel Comandante Ernesto Che Guevara y del Ministerio de la Construcción en la lista SDN limita la capacidad de Cuba para comercializar sus recursos naturales y obtener divisas en un momento de profunda crisis. Las acusaciones de Marco Rubio contra el ICAP y la advertencia a empresas extranjeras subrayan la intención de la administración Trump de cerrar cualquier espacio de maniobra para la isla. México, que defiende el diálogo y la no intervención, debe mantener su postura de rechazo a las sanciones unilaterales y continuar apoyando los mecanismos de cooperación internacional como vía para resolver las diferencias. La presión sobre Cuba no es un asunto bilateral; es un tema que afecta a toda la región y que exige una respuesta firme en defensa del derecho internacional.
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